Maduro desvía a la rescatada Plus Ultra los vuelos de la aerolínea pública chavista

Cuando los pasajeros se dispusieron a facturar en el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar comprobaron que la aerolínea pública había contratado a la española Plus Ultra -controlada por accionistas venezolanos- para operar los vuelos. ABC ha comprobado en las bases de datos públicas de navegación aérea que, efectivamente, esos vuelos fueron realizados por Plus Ultra. La mayor parte de ellos los operó con su Airbus A340 matrícula EC-MQM. De esta forma, la aerolínea rescatada, que ya cuenta con una línea regular entre Caracas y Madrid , ha sido seleccionada para estos vuelos de repatriación de la aerolínea chavista. La vinculación entre Plus Ultra y Conviasa viene de lejos. Según una batería de preguntas que el Partido Popular remitió a la Mesa del Congreso el pasado mes de marzo, la relación comercial entre ambas compañías se habría iniciado en el año 2012.

La decisión adoptada por el Gobierno de España, y en concreto por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), de rescatar con 53 millones de euros a Plus Ultra vino rodeada por la polémica. El motivo es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adujo que se trataba de una empresa «estratégica», pese a que apenas tenía dos aviones operativos, operaba sólo el 0,03 por ciento de los vuelos con origen o destino en España y estaba al borde de la quiebra técnica. De hecho, según denunció el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, Plus Ultra accedió al rescate gracias a que contabilizó de forma irregular un «préstamo simulado» de 6,3 millones de euros que recibió desde la sociedad panameña Panacorp Casa de Valores y que estaría vinculado con miembros de la directiva de Plus Ultra.

El 47% de la compañía con sede en España lo controla Snip Aviation, que entró en el capital social de Plus Ultra en 2017, un año antes de que la compañía comenzara a operar la ruta Caracas-Madrid. En Snip Aviation figuran Rodolfo Reyes Rojas, El Arigie Harbie y Roselli Mieles, informa Antonio Ramírez Cerezo , quienes aparecen en dos sociedades en España junto a Camilo Ibrahim Issa. Éste sería, según distintas informaciones publicadas, el enlace con el régimen chavista.

La oposición venezolana ha señalado a Issa por su amistad con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Por contra, el presidente de Plus Ultra, el español Fernando García Manso, negó en una entrevista con ABC tener vínculos con el chavismo: «Camilo Ibrahim Issa no ostenta ningún cargo en la estructura de gobierno corporativo de Plus Ultra Líneas Aéreas y tampoco forma parte del accionariado de la aerolínea, ni directa ni indirectamente. Se nos está intentando vincular con un determinado régimen político con el rocambolesco argumento de que dos de nuestros muchos accionistas comparten con el empresario otros negocios en España». El ejecutivo aseveró que son «una compañía española, absolutamente apolítica», y añadió: «Es claro el trato injusto y difamatorio al que se están viendo sometidos Plus Ultra y algunos de sus accionistas por ser estos venezolanos o hispano-venezolanos».

Conviasa fue creada el 30 de marzo de 2004 como aerolínea de bandera de Venezuela mediante un decreto firmado por el entonces presidente del Govierno bolivariano, Hugo Chávez. Además del régimen venezolano, Plus Ultra Líneas Aéreas tienen importantes intereses económicos con Cuba.

La investigación judicial sobre el rescate se encuentra en un punto de inflexión después de once meses de pesquisas, pues tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido el sobreseimiento libre al no apreciar indicios de delito tras las diligencias practicadas, informa Isabel Vega. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, abrió causa en abril de 2021 por un presunto delito de malversación de fondos públicos tras una querella de Manos Limpias contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y los integrantes del consejo de administración que dio el visto bueno al rescate de Plus Ultra. A lo largo de estos meses, durante los que se llegó a paralizar y luego a reactivar el pago de 34 millones de euros de esas ayudas, la juez ha practicado diversas diligencias para esclarecer si se cumplió la normativa.

El informe pericial encargado por la compañía sostenía que todo estaba en orden para recibir las ayudas, pero la pericial independiente expresaba dudas sobre su situación de solvencia previa a la pandemia, condición que era imprescindible para poder acceder a los créditos. El pasado 18 de enero, la juez confrontó a los dos peritos en una diligencia de careo y ambos se ratificaron en la postura que ya habían puesto antes por escrito. La Fiscalía y la Abogacía del Estado entienden que ya se ha esclarecido cualquier sombra de duda en la adjudicación y piden por ello el sobreseimiento de la causa, pero será la juez quien marque el siguiente paso.