Madrid será sede de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

El organismo tendrá un Secretariado para favorecer la abolición de la pena capital en el mundo

MadridActualizado:

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que ayer jueves se reunió en Madrid, decidió elegir la capital de España como sede de su futuro Secretariado, con el que se pretende impulsar la iniciativa en favor de la abolición de la pena capital en todo el mundo.

La Comisión fue creada en octubre de 2010, al poner en marcha una propuesta del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue asumida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al llegar a La Moncloa. El organismo está integrado por personalidades de prestigio en el campo de la defensa de los Derechos Humanos y, al crear el Secretariado, se dotará de una personalidad jurídica propia, conforme a las leyes del país de acogida, es decir España

En la reunión de ayer, que tendrá continuidad este juevs, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, agradeció la confianza depositada en España y subrayó que nuestro país rechaza la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido.

Una nota difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que el secretario de Estado insistió en la necesidad de diseñar una estrategia de financiación y consideró positivo que se haya tomado también la decisión de contar para el año próximo con una estrategia de regiones y países por parte de los mismos comisarios, ya que permitirá –dijo– dar el enfoque correcto a las actividades de la Comisión en el futuro.

Ybáñez –asegura la nota- destacó el compromiso y apoyo de España a los trabajos de la Comisión, por entender que se trata de un instrumento único en favor de la abolición de la pena capital, y recordó que uno de los ejes prioritarios de la acción exterior española en materia de Derechos Humanos es precisamente la lucha contra la pena de muerte, desde los distintos ámbitos e instancias internacionales. Al propio tiempo, reiteró que España considera la pena de muerte «un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos».