La madre del pequeño Gabriel pide una pulsera de control para su acosador, que sale de prisión el martes

«Tengo miedo» , afirma Patricia Ramírez en conversación con ABC. «Entiendo que tiene que tener permisos y que no tiene que estar en la cárcel, sino en tratamiento en un psiquiátrico; pero yo, como víctima, tengo derecho a salir de mi casa asegurándome de que no me va a perseguir», añade Ramírez, que en poco menos de un mes se enfrenta además a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ-A) decida sobre la repetición o no del juicio sobre el crimen de su hijo.

Las circunstancias y la identidad de este individuo salieron a la luz a consecuencia de la desaparición del pequeño Gabriel en tanto que, en un primer momento, quien luego resultaría ser la asesina del niño, – la entonces pareja del padre, Ana Julia Quezada –, aprovechó para apuntar a él como sospechoso. Las investigaciones descartaron pronto ese supuesto, si bien D.M.F.A. se encuentra desde esas fechas en la cárcel en cumplimiento de penas relacionadas con su acoso a Patricia Ramírez.

Ahora, de acuerdo con el auto del Juzgado de Vigliancia Penitencia número 7 de Almería, y a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciario del centro donde se encuentra recluído, el de El Acebuche, el reo abandonará la prisión a mediodía del día de Nochebuena, sin que se hayan establecido más medidas que su presentación en comisaría al principio y final del permiso, la prohibición de abandonar la provincia de Almería y que quede «bajo tutela de un familiar». Respecto a esa custodia, Patricia Ramírez refiere que en el pasado ya intentó recabar la colaboración de la familia para frenar el asedio que sufría por parte del acosador , pero que no encontró que pudieran «ayudarle a él ni a mí».

La duración del permiso del que va a disfrutar esta persona es de tres días a partir del martes 24 a las 12 del mediodía. Los abogados de Patricia Ramírez le han recomendado que se marche a otra ciudad hasta que regrese a prisión. En este sentido, lamenta que en este caso ella es víctima de acoso, no de violencia de género, lo que le daría derecho –enumera– «a saber si se tiene o no permisos; a poder recurrirlo; a pedir un informe forense y conocer el seguimiento de su evolución mental; a tener el teléfono de un policía» de apoyo que velara por su seguridad.

«Si yo hubiera mentido y dicho que ese hombre y yo nos dimos un beso, yo ahora mismo sería tratada por violencia de género, porque así es: él viene a por mí como mujer, es una obsesión sexual. Pero no mentí: no le conocía, no tenía una relación sentimental... y ahora me encuentro con problemas para que le pongan una pulsera para mi protección».

La primera denuncia de Patricia Ramírez contra D.M.F.A. se remonta a noviembre de 2016, cuando ya se le impuso una medida de alejamiento con respecto a ella. El primer dispositivo de control de su localización se ordena en octubre de 2017, momento a partir del cual el reo «se ha saltado continuamente los límites, quitándose la pulsera y yéndose por ahí. La última vez le pillaron en Córdoba tras 10 o 12 días de búsqueda», indica su víctima. Recuerda además que cuando ingresó en prisión esta última vez estaba obligado por disposición judicial a llevar la pulsera durante doce meses , de los que sólo habrían transcurrido «4 o 5», por lo que Ramírez entiende que en este permiso se debería restablecer esa medida hasta el cumplimiento total del periodo previsto.