La macrocausa sobre Villarejo afronta esta semana su primera gran prueba

El juicio arranca este miércoles con una sesión de mañana en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional y en principio, sólo habrá dos vistas en octubre que presumiblemente se dedicarán a ventilar las cuestiones previas, es decir, todo aquello que acusaciones y defensas quieran incorporar a la vista o sobre lo que quieran objetar. Es el momento, por ejemplo, de pedir nulidades. Habrá así que esperar a noviembre, cuando se reanudará un calendario que está ya programado hasta enero y sujeto a cambios, para escuchar a los acusados.

De acuerdo a las fuentes consultadas por ABC, si bien parte de los acusados -clientes, principalmente- han llegado ya a acuerdos de conformidad para asumir parte de los hechos a cambio de menores condenas, cosa que no es firme hasta que no se ratifica en la Sala, los hay que sí acuden dispuestos a plantar batalla.

Las líneas de flotación: el modo en que arrancaron las pesquisas, la validez de los audios como prueba bajo sospecha de manipulación , y la validez de otro material probatorio como las agendas o los informes que realizaba el policía y que han acabado salpicando a personas como las que ahora van a juicio cuando no eran el objeto inicial de la entrada y registro.

Más allá de esto, el centro del debate será la concurrencia de un delito de cohecho habida cuenta de las particulares condiciones en que trabajaba el comisario y entre quienes se desempeñaban a su alrededor, como los abogados del entramado empresarial, que vienen incidiendo en que hay una línea clara entre la mera labor de asesoría profesional y la información vedada al gran público que Villarejo conseguía tirando de contactos y luego mercantilizaba.

De hecho, las tres piezas separadas que van a juicio no recogen más que este delito en su modalidad activa y/o pasiva. Las grandes imputaciones que pesan sobre Villarejo y su supuesto clan, como organización criminal y blanqueo de capitales , así como el rosario de delitos fiscales que se le atribuyen indiciariamente, siguen en instrucción en el Juzgado Central 6.

Ese es, de facto, el primer test de estrés de la macrocausa: si la Sala da la razón a los investigadores en que no hay justificación de su doble labor como policía y empresario y en que la permisividad oficial con la que amasó su fortuna no exime de responsabilidad a quienes le contrataron.

Él ha venido alegando que lo que conseguía en la esfera privada, en una actividad que fue contando a lo largo de los años con ese conocimiento y la tolerancia, más o menos explícita, de sus mandos en la Policía Nacional, lo utilizaba para generar informes de inteligencia que tenían propósitos de Estado. Entre los testigos propuestos por Anticorrupción figuran dos mandos que ocuparon la Dirección Adjunta Operativa bajo la que trabajó el comisario y que al inicio de la causa dieron por escrito la cara por él, aunque luego matizasen su apoyo.

En todo caso, esa defensa de Villarejo es complicada en estas tres primeras piezas a juicio, pues lejos de las grandes empresas que aparecen como clientes en la Audiencia Nacional aquí se trata de gestiones que podrían ser tildadas de encargos de particulares : Iron, Land y Pintor.

La pieza separada número dos de la macrocausa, conocida como Iron, versa sobre el encargo a Villarejo por parte de los socios del despacho de abogados Herrero y Asociados contra un bufete que había contratado a algunos de sus letrados y, sospechaban, les había sustraído en la maniobra una base de datos de clientes. Cuenta como base probatoria con audios, facturas e informes que revelaron el modo en que el comisario conseguiría datos privados para dar valor añadido a sus trabajos por encargo.

En este sentido, entre los acusados están, además de Villarejo, su mujer, Gemma Alcalá; el abogado de sus empresas Rafael Redondo y uno de sus trabajadores, David Macías; un funcionario de Hacienda, Antonio Chaparro y varios otrora policías : El subinspector Javier Fernández, el inspector Antonio Bonilla -que gestionaba una empresa en segunda actividad- el otrora jefe de la UCAO comisario Enrique García Castaño, y el inspector jefe de la Comisaría General de Información Constancio Riaño. Se suman a los socios del bufete que hizo el encargo y la propia empresa como persona jurídica.

Son 15 personas las que van al banquillo y la mayor petición de pena la afronta Villarejo: 57 años por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos. Su mujer afronta 21 años.

La segunda pieza que se juzgará en el mismo 'pack' es la tercera incoada por los investigadores y denominada Land. Se trata del encargo que una parte de los herederos del constructor Luis Cereceda, célebre por la urbanización de lujo La Finca, habría realizado a Villarejo para salir beneficiada respecto de la otra parte. Esta línea es considerada la «pieza rosa» del caso Villarejo porque afecta a personajes más habituales del couché que de la Audiencia Nacional.

Repiten en el banquillo Villarejo, Redondo, Gemma Alcalá y Enrique García Castaño, que se suman a Susana García Cereceda y su socio Francisco Peñalver, así como al jefe de Seguridad de Procisa, David Fernández Aument e y las tres empresas en que aquella constructora se desagregó poco antes de la imputación y que concurren como personas jurídicas investigadas. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los acusados como clientes habrían llegado a acuerdos de conformidad con Anticorrupción para reconocer los hechos.

En este caso, Villarejo se juega una petición de pena de 38 años y diez meses de cárcel por cohecho activo y pasivo, descubrimiento y revelación de secretos, incluidos tres en grado de tentativa sobre contenidos de índole sexual y falsedad en documento mercantil.

Por último, se juzgará en conjunto la denominada pieza Pintor, la sexta de la macrocausa. En este caso, los clientes serían amigos o al menos conocidos de Villarejo, los empresarios Fernando y Juan Muñoz Tamara , que tenían un litigio contra un socio que no iba a pagar su parte del acuerdo.

Para doblegar su voluntad, habrían intentado centrar la presión en el que era su letrado, el otrora juez Francisco Javier Urquía, a quien en el pasado, el comisario ya habría hecho una encerrona grabándole a hurtadillas en situación comprometida. El plan pasaba por volverlo a hacer contando con la colaboración de unos detectives que colocarían cámaras en el baño de una discoteca y al final, 14 personas acaban en el banquillo.

Repiten entre los acusados Villarejo, Redondo, Bonilla, y Javier Fernández, a los que se suman el hijo del comisario, José Manuel Villarejo Gil, los cinco detectives, el abogado de los empresarios Ricardo Álvarez Ossorio y ellos mismos, que según las fuentes consultadas también habrían alcanzado algún tipo de acuerdo de conformidad de cara a la vista oral.

En este caso, Anticorrupción pide para el comisario 14 años de prisión, igual que para su hijo, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración . En esta pieza no entra en juego el delito de cohecho porque el encargo tuvo lugar cuando Villarejo ya se había jubilado de la Policía.