Uno de los pistoleros de la matanza de Atocha, en Soto del Real 43 años después

Tres agentes de la Policía Nacional le han custodiado en el vuelo que le ha traído desde Brasil y que ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Madrid. Desde ahí, directo a Soto, donde se decidirá qué tipo de régimen penitenciario se le aplica para cumplir la pena pendiente. El pistolero de las mil caras y nombres tiene ahora 65 años .

El 24 de enero de 1977, noche cerrada, García Juliá y otros dos individuos irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Allí abrieron fuego indiscriminado con pistolas de calibre 9 mm parabellum. Los asesinos pertenecían, según la sentencia de la Audiencia Nacional, a un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».

Tras cumplir once años de prisión, a García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, a condición de que se presentara cada mes en la Embajada de España en ese país. Poco después rompió las condiciones y se le perdió la pista. Se le declaró prófugo de la Justicia en 1996 . Ese año fue detenido en Bolivia y condenado a seis años de cárcel por tráfico de drogas.

La maquinaria judicial, lenta y pesada, se puso en marcha pero cuando llegó en noviembre de 2000 la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el pistolero de nuevo se había evaporado. Gracias a un beneficio penitenciario salió de prisión y no se presentó en el juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Desde entonces ha vivido como un fantasma.

Gracias a las investigaciones de la Policía Federal Brasileña en colaboración con la Policía Nacional de España y el apoyo de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol en Madrid y en Brasilia, el 31 día de agosto de 2018 se ubica al prófugo en São Paulo, descubriendo que había entrado en Brasil en 2009. Tras completarse la investigación y reconstruir la vida desapercibida que había llevado en aquel país bajo una identidad venezolana falsa, fue detenido el 5 de diciembre de 2018 en Barra Funda , un barrio céntrico de clase media de São Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC.

Al oponerse el reclamado a la extradición, el procedimiento se dilató trece meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia. Finalmente, tras la presentación de las debidas garantías del Estado español por vía diplomática, el ejecutivo de Brasil accedió a la entrega en extradición.

Tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, se han desplazado hasta Brasil a fin de realizar los preceptivos trámites documentales de entrega con las autoridades de ese país.