La Fiscalía pide a Llarena que vuelva a reclamar la entrega de los exconsejeros fugados en Bélgica

La Justicia belga denegó ayer la entrega de Comín, Serret y Puig, procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, sin ni siquiera entrar a valorar el fondo del asunto. El tribunal belga respondió que la euroorden dictada por el juez Llarena carece de una orden nacional de detención previa, sobre la que debería sustentarse, según interpreta Bélgica la normativa comunitaria. El Tribunal Supremo reaccionó con indignación, denunciando la «ausencia de colaboración» de la justicia belga .

El Ministerio Público apoya la visión de Llarena y defiende que el auto de procesamiento, con el que el juez cerró la investigación y atribuyó delitos de rebelión a trece investigados, es suficiente para colmar el requisito de forma, que exige una resolución judicial nacional previa. «En síntesis, el auto de procesamiento reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden de detención nacional previa a la OEDE a los efectos de la reclamación y entrega de los imputados que han eludido la acción de la justicia, y que por ello cumple sobradamente con los presupuestos» que establece la normativa comunitaria, la decisión marco que regula las oedes, además de ser el paso por el que los investigados del «procés» son imputados formalmente.

El juez Llarena, al mismo tiempo, ha movido ficha y ha solicitado a Alemania que no cometa con Carles Puigdemont el «error» de Bélgica, que se ha agarrado a ese supuesto defecto de forma para rechazar la entrega de Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, fugados y reclamados por la Justicia española. El magistrado que dirige la instrucción contra el «procés» ha comunicado a Alemania que no existe el defecto de forma que alega la justicia belga para ni siquiera valor el fondo del asunto. Alemania tiene pendiente resolver sobre la entrega del «expresident», aunque ya adelantó que no le entregaría por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa y que se castiga hasta con veinticinco años de prisión.

En una carta enviada a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, el juez Llarena explica que la orden europea de detención y entrega cursada contra los antiguos dirigentes secesionistas fugados está sustentada en el auto de procesamiento con el que el juez cerró la investigación, una resolución judicial ejecutiva en la que ordenó el ingreso en prisión de los fugados, reclamados por España. El auto de procesamiento, señala Llarena, equivale a una orden nacional de detención , con lo que la orden europea de detención y entrega cumple con los requisitos exigidos por la decisión marco comunitaria.

El juez Llarena verbaliza la indignación del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal, y explica a Alemania que consideran contrario «al principio de confianza recíproca» que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, sin aceptar la explicación aportada por el magistrado. El Supremo informó a Bélgica, revela Llarena, de que el auto de procesamiento equivale a la orden nacional, con lo que funciona como el pilar nacional que sustenta la reclamación europea. Las euroórdenes son el mecanismo de reclamaciones entre países miembros de la Unión Europea y rige entre tribunales, sin que los gobiernos de los países tengan capacidad para intervenir en las decisiones.

La negativa belga por esa ausencia de orden nacional de detención cuestiona uno de los primeros pasos del juez Llarena, que renunció a las euroórdenes dictadas por la juez que inició la investigación contra el Govern de Puigdemont, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela . Llarena consideró que el momento adecuado para las reclamaciones era una fase más avanzada de la investigación, con el auto de procesamiento, en el que el juez expresa sus conclusiones y el relato de hechos que considera acreditado.

Para evitar que la huida de los exconsejeros fugados ralentice la llegada del juicio oral contra el «procés», previsto para el otoño, el magistrado creó una pieza separada para la investigación contra ellos. El juez ha concluido que los antiguos dirigentes independentistas alentaron una insurrección, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado, para alcanzar la secesión de Cataluña por las vías ilegales. Llarena considera que los antiguos gobernantes, parlamentarios y agitadores en la calle del independentismo catalán asumieron la violencia como un medio no deseado, pero aceptado, para alcanzar sus objetivos.