El TS rechaza suspender de forma cautelar el nuevo límite de velocidad

La empresa de gestión de multas 'Dvuelta' y la plataforma 'Movimiento 140' presentaron el pasado lunes un recurso contra el nuevo límite ante el tribunal en el que pedía que se suspendiera de manera cautelar, con carácter "provisionalísimo" (antes de escuchar a las partes), la nueva limitación. En el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Supremo rechaza esta petición y señala que tomará la decisión sobre si suspender temporalmente la limitación de velocidad a 110 km/h en autopista y autovía mientras estudia el recurso , tal y como pide Dvuelta y 'Movimiento140, después de escuchar al Gobierno y a los demandantes.

Así, el auto dictado por el TS se señala que no hay razones de especial urgencia que lleven a decidir sobre la medida cautelar solicitada sin oír a la Administración del Estado, a la que da un plazo de cinco días para que efectúe alegaciones. "Tanto más en una cuestión en la que están involucrados importantes intereses generales como lo son la seguridad vial y, en su caso, los de orden económico a los que se refiere la propia parte recurrente", añade la resolución.

Del mismo modo, el Supremo recuerda que la limitación a 110 km/h se trata de "una c uestión en la que están involucrados importantes intereses generales como lo son la seguridad vial y, en su caso, los de orden económico" por los que se tomó la medida, por lo que considera que antes de decidir si suspende temporalmente o no el nuevo límite para autopistas o autovías mientras estudia el recurso hay tiempo para escuchar las razones del Gobierno.

En el recurso presentado por Dvuelta y 'Movimiento140' , ambas entidades argumentan que el Real Decreto es contrario a la Ley de Tráfico , ya que fija con carácter general un límite de velocidad sin atender a los "únicos criterios" que, en opinión de los demandantes, el Gobierno puede tener en cuenta según la Ley de Tráfico: la seguridad vial.

Para esta compañía y esta plataforma, sería necesaria una modificación de la Ley de Tráfico, con su consiguiente trámite parlamentario, para que, haciendo uso de ella, el Gobierno pueda modificar los límites de velocidad atendiendo únicamente a criterios de ahorro energético.