El líder de la trama Pretoria admite comisiones para dos ex altos cargos de CDC

«Luigi» acotó el rol de Prenefeta y Alavedra, dos políticos de la máxima confianza de Jordi Pujol, a esta actuación, que presentó como legal y habitual en el mercado inmobiliario. La Fiscalía Anticorrupción considera que esa comisión del 4 por ciento se debió a una acción ilícita : al plan preconcebido entre García, Prenefeta y Alavedra para enriquecerse mediando en las adjudicaciones públicas. Según el Ministerio Público, Prenefeta y Alavedra aprovecharon su influencia para presionar a cargos públicos y cobraron a cambio 637.890,08 euros, una parte del dinero total de origen ilícito que ambos ocultaron durante años.

El interrogatorio del supuesto líder de la trama llegó en la segunda sesión de la vista oral que enjuicia una red que corrompió los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, los tres en el área metropolitana de Barcelona, entre los años 2001 y 2009. Se sientan en el banquillo once acusados.

El antiguo consejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra , de 83 años, tiene sobre su mesa una oferta de pacto del Ministerio Público, que rebajará su petición de seis años y diez meses de cárcel si reconoce los hechos y abona una multa de 10,3 millones de euros. Anticorrupción también les acusa de blanquear las ganancias ilícitas.

Para defenderse, el principal acusado, «Luigi», negó ayer ser el «conseguidor» de la trama, calificó de «imposible» que él controlara las decisione de los consistorios y negó cualquier intermediación entre cargos públicos y empresarios afines, de lo que le acusa la fiscal, que pide para él ocho meses de prisión. «¿Nunca?», le repreguntó la fiscal Ana Cuenca, que pidió que se reprodujeran conversaciones que desvelaron la participación de García (que dejó la política en 1992 y se dedicó a ser empresario) en algunas de las operaciones investigadas. «Nos inventamos la concurrencia. Presentamos tres propuestas y a hacer gárgaras», se le escucha decir a un empresario, al que ahora no reconoce.

Ayer, el empresario Manuel Carrillo reconoció que pagó 12.480 euros al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz a cambio de favorecerle en adjudicaciones públicas y aceptó una pena de seis meses de cárcel por un delito de cohecho, al alcanzar un pacto con la Fiscalía. El juicio se retomará el 23 de marzo.