Libertad de información y coronavirus

La no asistencia presencial de los diputados se invoca también para eludir el control parlamentario. Sin duda, la inasistencia de los parlamentarios complica las cosas, pero no hace imposible que el Gobierno rinda cuentas de su gestión ante los representantes de los ciudadanos, basta una interpretación adecuada de su Reglamento y el voto telemático. Prueba de ello es que, cuando interesa al Gobierno, el Congreso puede reunirse para prorrogar el estado de alarma. Recordemos que el art. 1.4 de la LO 4/1981, establece que «La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

Estos hechos pueden parecer un tema menor comparados con los graves problemas de salud que plantea el COVID-19. Sin embargo, socavan peligrosamente el sistema democrático y la transparencia, de la que tanto se alardea.

Decía Thomas Jefferson , uno de los Padres Fundadores de EE.UU., que si tuviera que optar entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría en elegir lo segundo , para destacar que la democracia exige que los gobernados puedan debatir libremente sobre los asuntos públicos y la actuación de sus gobernantes.

La misma idea está presente en la jurisprudencia del TEDH y de nuestro TC, cuando declara que las libertades de expresión y de información constituyen un pilar esencial para la existencia de una sociedad democrática, ya que contribuyen a la formación de una opinión pública libre y plural.

Pero nuestros gobernantes no se quedan aquí, sus mensajes tales como que «la situación es dinámica» (para justificar su falta de previsión), que «esta guerra la vamos a ganar todos juntos», «lo peor está por llegar», recurriendo incluso al lenguaje bélico del JEMAD Villarroya: «En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados, […] demostremos que somos soldados cada uno en el puesto que nos ha tocado», buscan deliberadamente que los ciudadanos de buena fe se olviden de su falta de previsión y de los graves errores en la gestión de la pandemia, haciéndonos creer que solo «comulgando» con el Gobierno podremos derrotar al «enemigo», tratando de identificar la pandemia con una guerra, haciendo cierta la afirmación de que en las guerras lo primero que desaparece es la libertad de expresión. En este punto resulta pertinente recordar que la pandemia de 1918 se llama «gripe española», precisamente, porque al ser España neutral en la Gran Guerra, sus periódicos no sufrieron la censura de las naciones beligerantes , lo que permitió que fueran los únicos que hablaron de esta gripe, que mató a más de 50 millones de personas, que, paradójicamente, entonces prefería a los jóvenes.

Sólo alabanzas tenemos para nuestros militares, el ejército ha demostrado ser una institución preparada técnicamente para las situaciones difíciles. Algunos, como en su día proponía Sánchez, ya no podrán decir impunemente que sobra el Ministerio de Defensa. El ejército, además de su conocida función constitucional (art. 8 CE), es más sanidad, más hospitales y salvamento de personas. En situaciones extraordinarias suple las carencias de otros servicios públicos.

Pero los militares no están para dar discursos a los ciudadanos. Los políticos no pueden escudarse en los altos mandos militares y policiales, ni en el comodín de Fernando Simón para eludir su responsabilidad, obligando a los médicos y sanitarios a exponer su vida todos los días, con simples promesas de Epis y respiradores que no llegan. Por ello, conviene no perder el sentido de la realidad. No estamos en ninguna guerra ¡Esto es una pandemia! ¡No somos soldados! ¡Somos ciudadanos que enfermamos por un virus! ¡Los médicos no son soldados, ni tienen que ser héroes!

Como decía Pérez Rubalcaba, «los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad» , por ello, en estos momentos la libertad de información es más necesaria que nunca, por lo que los gobernantes no pueden ser los que decidan la información que los pastueños ciudadanos podemos recibir a través de sus declaraciones institucionales, sin el riesgo de responder a cuestiones incómodas.

En su momento llegará la hora de rendir cuentas a la ciudadanía, pero para ello, es necesario que ahora nuestros gobernantes no eludan contestar a las preguntas que les planteen los medios de comunicación, ya que no es por casualidad que a la prensa se la califique, en los sistemas democráticos, como el cuarto poder, para destacar su importante función en el control de la actuación de los gobernantes.

Carlos Gómez de la Escalera es abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid