Libertad con fianza para cuatro de los 26 detenidos en la operación contra la corrupción urbanística en Estepona

La operación 'Astapa' contra la corrupción urbanística, iniciada ayer en la localidad malagueña de Estepona y en la que hasta el momento han sido detenidas 26 personas, entre ellas el alcalde, sigue

AGENCIAS |
Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La operación 'Astapa' contra la corrupción urbanística, iniciada ayer en la localidad malagueña de Estepona y en la que hasta el momento han sido detenidas 26 personas, entre ellas el alcalde, sigue su curso. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, que sigue interrogando a los encausados, ha dictado fianza para cuatro de los arrestados y ha dejado en libertad con cargos a otros cinco.

Para los primeros encausados que han sido interrogados, la juez, Isabel Conejo, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el presidente de la promotora Prasa y máximo accionista del Córdoba CF, José Romero, y de 30.000 euros para J.L.C.A y para Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo, a los que prohíbe además salir de España.

La instructora del caso ha dictado libertad provisional sin fianza pero con cargos para M.C.H. y para el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo municipal, Andrés Flores. La juez imputa a los encausados los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales y además a José Romero otros delitos contra la administración pública. Éste último, al abandonar el juzgado, ha regresado a Córdoba y ha reiniciado su actividad con total normalidad, según un comunicado de la empresa que presiden, la promotora Prasa.

Por la tarde, la juez ha impuesto al ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria 'Valle Romano', Luis Fernando Linares, una fianza de 500.000 euros a pagar en 72 horas, mientras que en el caso de dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros. A los tres se les acusa de fraude y malversación y a los dos abogados también les imputa un presunto tráfico de influencias.

Por su parte, Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las municipales en Estepona, ha quedado en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias y deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Registros y detenciones

En cuanto al controvertido alcalde, Antonio Barrientos, ha estado toda la noche en el Ayuntamiento, custodiado por los agentes que han realizado el registro de la sede municipal. Catorce horas de registro que han concluido esta madrugada cuando han sacado del consistorio más de una decena de cajas con documentación. Mientras concluía este trámite, la Policía arrestaba a otra persona, un ex edil, que hasta ahora cierra la lista, con 26 detenidos, todos en la localidad excepto dos en Córdoba.

Además del Ayuntamiento, se han practicado otros 38 domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Asimismo, se ha ordenado el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas.

Por los juzgados de Estepona han desfilado empresarios, abogados y miembros de la administración local. También el empresario, Vicente Delgado, que es uno de los propietarios de la constructora Codelsa, y el dueño de Agrojardín y constructor José Antonio Bazán. Por otra parte, ha acudido a la sede judicial el ex alcalde de Estepona Antonio Caba (PSOE), que estaría ejerciendo como abogado de Barrientos.

A estos hay que sumar, los detenidos cuyas identidades se conocieron al inicio de la operación: el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano (PSOE); el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur; y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon el pasado mes de febrero con un caso de blanqueo de capitales.