Ley del silencio en Podemos sobre la tarjeta «black» de Espinar (padre)

Dos meses después de esa autoexculpación, el que fuera vicepresidente de la Caja madrileña, a propuesta del PSOE, y padre del senador de Podemos que lleva su mismo nombre, ha sido condenado a un año de cárcel y seis meses de multa por un delito continuado de apropiación indebida.

La mañana del viernes, cuando se conoció la sentencia que probablemente llevará a la cárcel a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, los críticos de Pablo Iglesias en la formación morada eran un clamor contra «la ley del silencio» impuesta en el partido para no «hacer daño a Ramón», según aseguran en Podemos.

El relato oficial es que nada tiene que ver el comportamiento de un padre con el de su hijo. Sin embargo, los adversarios internos de Espinar recuerdan que una de las líneas de oposición frontales de Podemos contra la corrupción en el PP y en concreto con el caso de la exministra Ana Mato, fue sus lazos familiares con el que fuera alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, hoy procesado por el caso Gürtel; sumario que la ha sentado en el banquillo por responsabilidad a título lucrativo.

No ayuda tampoco a despejar las sombras internas sobre Espinar que hace unos meses fuera acusado de vender un piso de protección oficial sin haberlo ocupado, embolsándose más de 20.000 euros de plusvalía, en el municipio madrileño de Alcobendas, cuyo alcalde era íntimo amigo de su padre.

La propia Tania Sánchez, depurada por Iglesias tras la derrota de las tesis de Íñigo Errejón, ha tachado la utilización de esas visas opacas, con una de las cuales el padre de Espinar se gastó 178.400 euros en viajes y tiendas de lujo , con «una actitud depredadora». Desde entonces, la guerra entre Sánchez y Espinar es indisimulada. Esa indignación de parte del «gallinero» (zona del Congreso al que ha postergado Iglesias a los diputados de la corriente de Errejón) se extiende también contra Alberto Garzón, el exdirigente de IU que disolvió las históricas siglas y que, según esas fuentes, «también participa del mutismo sobre el horizonte penal del padre de Espinar».

Garzón concita además un doble reproche político. Por un lado, el de la antigua cúpula de IU-Madrid, que fue defenestrada por lo que el diputado de Unidos Podemos consideró «vasos comunicantes» entre el escándalo de los 15,5 millones de euros gastados a cargo de las tarjetas black por los consejeros de Caja Madrid con la gestión de los cargos institucionales entonces en Madrid: Ángel Pérez y Gregorio Gordo.

Garzón convenció a Cayo Lara para actuar contra esos miembros de IU y, sin embargo, dejó fuera a Susana López, otra exresponsable que fue quien nombró a Moral Santín, el vicepresidente de Caja Madrid que hoy arrostra cuatro años de cárcel por haber gastado con la «black» 456.522 euros. Desde esta antigua formación se acusa al diputado malagueño de «doble vara de medir» teniendo en cuenta que ahora «es cómplice del silencio decretado por Iglesias sobre un familiar de un compañero, este sí condenado».

El exdirigente de IU también está en el punto de mira de sus antiguos compañeros por haber formado parte de la comisión de Economía del Congreso en 2012, meses después de que se decidiera la salida a Bolsa de Bankia. Cinco años después, es uno de los parlamentarios más activos en la demanda de que se constituya una comisión de investigación sobre las cajas de ahorro y, sin embargo, cuando integró esa misma comisión en el Parlamento no solicitó formalmente la comparecencia ante ella de los reguladores y supervisores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, cuyos responsables en aquella etapa están hoy en el punto de mira de la justicia