Ley de ingresos mínimos y derogar la de seguridad ciudadana, primeros objetivos de Sánchez en el Congreso

Tal es así que varias de estas reformas se encuentran en un estado avanzado. Será el nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez , el único que podrá marcar las prioridades legislativas de su Gobierno pero, lógicamente, las iniciativas que llevan el sello socialista y se encuentran en avanzado estado de tramitación serán las primeras en salir adelante.

Se trata de las derogaciones de parte de los articulados de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Estatuto de los Trabajadores Subcontratados (reforma laboral), o las reformas sobre las leyes del Indulto y costas del Enjuiciamiento Civil . Entre las iniciativas socialistas de nueva cuña, la Ley de Ingresos Mínimos o la pensión de orfanadad para descendientes de víctimas de la violencia de género se encuentra también a punto de caramelo. Todas ellas forman parte de los «consensos» a los que Pedro Sánchez aludió durante el debate de la moción de censura.

El nuevo jefe del Ejecutivo señaló también como prioridad el Pacto de Toledo donde quiere volver a la indexación de las pensiones con el IPC. Igual que el viernes lo único que logró unir al PP con Podemos, ERC, PDECat, PNV y Bildu fue cesar a Rajoy, su mejor pegamento en el ámbito legislativo será derogar su legado y poner en marcha medidas sociales muy efectistas que no tengan una importante carga presupuestaria.

Para las medidas más imprudentes que puedan adoptar sus aliados de investidura, los socialistas cuentan con que la mayoría que el PP y Ciudadanos cuentan en la Mesa del Congreso las frene sin tener que verse en demasiados aprietos con sus socios. Estas son las siete iniciativas socialistas que han superado el bloqueo de la Mesa y podrían llegar al Pleno en el próximo periodo de sesiones . La única arma que podrá utilizar el PP en contra de ellas será el veto en el Senado. Con ello, puede retrasar su tramitación pero no indefinidamente.

Proviene de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos, para establecer una ayuda de 426 euros al mes a toda persona que se encuentre en situación de desempleo. El PSOE quiere ampliarla en caso de familias con hijo a cargo y Podemos quiere elevarla hasta los 600 euros. No hay ninguna fuente de financiación declarada que permita instaurar esta medida y cumplir los objetivos asumidos con la Comisión Europea. Dado que los nuevos Presupuestos aprobados, y a cuya ejecución se ha comprometido Sánchez, no la contemplan, si el nuevo Gobierno quiere aplicarla tendrá que utilizar la fórmula del Real Decreto-Ley.

La derogación se discute sobre parte del articulado. Hay consenso en retirar cuestiones como el registro corporal hasta el desnudo total, las sanciones por participar en manifestaciones no prohibidas o la prohibición de difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas de Seguridad.

El PSOE persigue su reforma como piedra angular de la derogación de la reforma laboral del PP. Su objetivo es que los trabajadores subcontratados tengan las condiciones laborales que sean de aplicación en el convenio del sector en el que presten sus servicios finales y no en el convenio de la subcontrata. El ejemplo más visible es el de las camareras de piso subcontratadas por los hoteles. Llegan a cobrar tres euros por la limpieza de una habitación ajustándose sus condiciones al convenio del sector de la limpieza -el de la empresa subcontratada- y no al de la hostelería. Para los socialistas, la equiparación de las condiciones entre trabajadores subcontratados y directos es la base de la precarización del empleo en España.

La proposición de ley impulsada por el PSOE plantea eliminar los requisitos médicos para que las personas transexuales cambien legalmente de sexo y nombre. Además, permite que los menores de edad puedan llevar a cabo el cambio. La intención de los socialistas es acabar con la concepción de que la transexualidad es una enfermedad a la hora de modificar documentos oficiales como el DNI.

Otra iniciativa socialista que ha encontrado el apoyo mayoritario de la Cámara Baja es la creación de una pensión de orfandad para todos aquellos hijos e hijas de víctimas asesinadas por violencia de género. Una medida necesaria que ningún grupo cuestiona puesto que los descendientes de una mujer asesinada se encuentran muchas veces completamente desamparados. La Seguridad Social rechaza el pago de una pensión orfandad si la madre no ha cotizado durante suficientes años a la Seguridad Social, y cuando es el padre el que ha cometido el asesinato y entra en prisión, los descendientes se quedan sin ningún tipo de cobertura económica.

El cambio planteado por el PSOE persigue que los perdedores de un proceso civil no paguen las costas del proceso a los ganadores. Las costas judiciales incluyen honorarios de abogados, peritos y procuradores, las certificaciones, documentos del juicio y los aranceles notariales. Los perdedores solo deberían asumir todos estos gastos cuando quedara demostrado que han actuado de mala fe. Este planteamiento ha generado bastantes críticas entre los abogados, que creen que los clientes iniciarán menos pleitos sabiendo que aunque tengan la razón y ganen tendrán que asumir parte del coste del proceso.

Sánchez señaló específicamente durante su discurso que quiere recuperar el consenso perdido en el Pacto de Toledo por la ruptura de la indexación de las pensiones con el IPC aprobada por el Gobierno de Rajoy durante la legislatura de la mayoría absoluta. Las movilizaciones de los últimos meses y el pacto con el PNV para la aprobación de los Presupuestos ablandaron enormemente la posición del PP, abierto ya a aprobar un nuevo índice que tenga en cuenta la evolución de los precios, la productividad y los salarios. Pero el PSOE y Podemos siguen señalando la vinculación exclusiva al IPC como conquista irrenunciable. A pesar de la amenaza de bloqueo, Sánchez confía en poder alcanzar un acuerdo. La comisión del Pacto de Toledo debía reunirse este jueves en el Congreso para volver a debatir esta cuestión pero la celebración de la moción de censura ha aplazado el encuentro hasta dentro de dos semanas. Para entonces, muy posiblemente haya jurado su cargo el nuevo ministro o ministra de Empleo y haya marcado las directrices a seguir.

Los socialistas reclaman el fin del indulto sin justificación para evitar decisiones arbitrarias del Gobierno en la aplicación de esta medida de gracia. Aboga por que cualquier indulto concedido, ya sea total o parcial, se acompañe de las razones que conducen a concederlo. Los Reales Decretos que contengan este tipo de medidas deberán estar justificados.