Los letrados avisaron a Torrent de la ilegalidad de la votación

El jueves, durante el Debate de Política General, los diputados autonómicos de JpC, ERC y la CUP hicieron valer su mayoría (67 escaños) para aprobar un texto por el que la Cámara autonómica reitera la defensa de la autodeterminación , se compromete a llevar a cabo una «amnistía total» para los afectados por el 1-O y, sobre todo, «se reafirma» en la «legitimidad de las desobediencia civil e institucional» en base a una resolución de 2016 anulada por el TC.

Ahora, el Gobierno valora su impugnación y, una vez se publique el texto de la propuesta de resolución en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC), llevará el documento al Consejo de Estado, paso previo, preceptivo y no vinculante para que el Ejecutivo se dirija al TC, Alto Tribunal que, probablemente, deje suspendidos inmediatamente los efectos que se desprenden del texto.

Sin embargo, Torrent sabía desde la víspera de la votación que la Mesa, al aceptar a trámite la iniciativa de la CUP, podría estar incurriendo en un delito . Así lo advirtió Xavier Muro, secretario general del Parlamento catalán, en la reunión del máximo órgano de gobierno de la Cámara legislativa el miércoles 25 y lo reiteró Joan Ridao, letrado mayor y ex secretario general de ERC en la reunión de la Mesa del mismo jueves, según confirman a ABC fuentes parlamentarias conocedoras de las reuniones.

En las dos reuniones se trataron la admisión a trámite de las iniciativas de los distintos grupos, que se votaron tras la primera jornada del Debate de Política General. Pese a la opinión de los letrados, tras conocer el contenido de la resolución, los cuatro representantes de JpC y ERC en la Mesa impusieron su criterio. Los tres diputados de Cs y el PSC votaron en contra. La iniciativa se aprobó. De nada sirvió que Cs y el PSC pidieran una reconsideración de la decisión. Torrent y el resto de miembros de JpC y ERC ratificaron la decisión y el texto pasó a su votación por el pleno del jueves. Los 67 diputados de JpC, ERC y la CUP superaron los votos en contra (29) del PSC, comunes y el PP. Los 35 diputados de Cs, por su parte, decidieron no votar y el partido naranja estudia acudir al TC en amparo.

Desde 2017, en el momento álgido del procés, los miembros de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña, así como los que forman parte de la Mesa, tienen la advertencia explícita del TC de evitar cualquier tramitación parlamentaria que vaya concretamente contra la Constitución y el Estado de Derecho.

Un recordatorio legal que Muro –el responsable máximo de los Servicios Jurídicos– trajo de nuevo a la Mesa esta semana. Torrent hizo oídos sordos a la recomendación de los letrados –incluida la de Ridao– y los representantes de JpC y ERC optaron por aprobar la iniciativa de la CUP.