El letrado del Congreso se opone a tramitar la enmienda «antidesahucios» de Iglesias vía Presupuestos

Según confirman a ABC fuentes parlamentarias, el letrado afirmó que la propuesta, impulsada por Podemos, ERC y Bildu, no es propia de la ley presupuestaria, aunque dejó en manos de los grupos la decisión sobre si se incorpora o no al debate de la ponencia. Será mañana, justo antes de la reunión de la Comisión de Presupuestos, cuando la Mesa decida qué hacer. El PSOE podrá imponer su criterio (tiene dos miembros en la Mesa, frente al de Podemos y otros dos diputados del PP).

«Esperamos que quede fuera», remarcan las mismas fuentes. No obstante, aunque el criterio marcado por los letrados debe servir de guía en las actuaciones legislativas del Ejecutivo, su decisión no es vinculante y el criterio político puede terminar imponiéndose. Cabe recordar, eso sí, que la presentación de esta enmienda, que pretende además de frenar los desahucios de personas sin alternativa habitacional, limitar los cortes de suministros de electricidad, agua y gas hasta 2023, por parte de Unidas Podemos y a las espaldas del PSOE ya generó una fuerte marejada en las orillas socialistas.

La maniobra de la formación morada buscaba no soltar una de sus principales banderas ideológicas pero al hacerlo aumentó un poco más la brecha entre los ministros socialistas, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la cabeza. El otro foco de conflicto entre ambos bandos está actualmente en la letra pequeña de un posible plan de rescate a las pymes, que aún está cocinándose en Moncloa.

En paralelo, Podemos presiona a los socialistas para retirar la enmienda a cambio de que se plasme la suspensión de desahucios en un real decreto ley. Iglesias ofrece ahora a Sánchez limitar la fecha de aplicación hasta que finalice el estado de alarma, en mayo de 2021, en lugar de hasta diciembre de 2022, que es lo que pedían Podemos, ERC y Bildu en su enmienda, informa Efe.

El letrado puso objeciones a otras enmiendas y al propio articulado del anteproyecto de ley enviado por el Gobierno, por presunta inconstitucionalidad. Se discute, según las fuentes parlamentarias consultadas, la modificación del régimen jurídico de las administraciones públicas y la regulación del nuevo Instituto de las Mujeres.