Lesmes, partidario de volver a restringir las «puertas giratorias» desde la política

De igual forma, Lesmes ha abogado por limitar la acusación popular por el «uso perverso» que en ocasiones se hace de esta figura, y de revisar los aforamientos , que considera «excesivos», si bien es consciente de que en muchos están supeditados a la reforma de los estatutos de autonomía. En cualquier caso ha sostenido que al menos en lo que respecta a los jueces podrían articularse otros mecanismos para proteger al juez frente a terceros. Esa misma independencia habría que articularla en torno al propio órgano de gobierno de los jueces, ha dicho, pues en estos momentos el CGPJ solo dispone de la figura del amparo para preservar el ejercicio de la independencia judicial. El Consejo solo puede actuar cuando el juez que se siente perturbado comunica esta circunstancia al Consejo para que éste interceda.

Cuando se cumplen dos años y medio de andadura del nuevo Consejo, Lesmes ha aprovechado la ocasión para hacer balance de un Consejo General del Poder Judicial que, por primera vez, a raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuenta con vocales con dedicación exclusiva y con otros que compatibilizan sus funciones en este órgano con el ejercicio de sus respectivas profesiones, ya sea dentro o fuera de la función jurisdiccional. Considera que el CGPJ ha ganado en agilidad, en tiempo de respuesta y en transparencia.

A diferencia de lo que postulan algunos partidos en sus programas electorales (Ciudadanos y Podemos), el presidente del Consejo es partidario de mantener la composición mixta del este órgano (jueces y juristas) y que sigan siendo elegidos por el Congreso y el Senado . «Si pasamos del Parlamento a las asociaciones judiciales saldremos de Málaga y nos meteremos en Malagón», ha afirmado. A su juicio, la elección parlamentaria de los vocales no es óbice para que estos mantengan su independencia una vez nombrados , algo que solo puede conseguirse con transparencia en sus decisiones y actuaciones. En este sentido, y cuando el Tribunal Supremo ha obligado al Consejo a motivar el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia, Lesmes ha propuesto restringir la discrecionalidad de los nombramientos.

Respecto a la situación de la justicia, ha reconocido que que no estamos en los mejores puestos respecto a nuestros vecinos europeos en lo que se refiere a la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia, pues España se sitúa el quinto por la cola de 28 países. Tampoco salimos bien parados en los tiempos de respuesta de la justicia (272 días frente a los 238 de media de la OCDE).

«Tenemos menos jueces y recursos de los necesarios y una altísima tasa de litigiosidad», ha reconocido Lesmes. Tampoco la organización territorial de la justicia es la más idónea: un 43 por ciento de los órganos judiciales 150 por ciento de la carga de trabajo y tenemos un modelo de demarcación territorial obsoleto, cuando precisamente lo que los ciudadanos demandan es una justicia rápida.

Pese a todo lo expuesto, Lesmes no ve tan negativo el panorama. Para el presidente del TS tenemos unas leyes procesales garantistas, « los tiempos de respuesta están mejorando en los últimos tiempos y también vamos bien en la implantación de nuevas tecnologías». Eso sí, sería necesaria una mejor organización interna (concentración de órganos judiciales) y una mayor especialización de los jueces ante casos de corrupción cada vez más complejos, ha apuntado.

También se ha referido Lesmes al papel del Tribunal Constitucional como órgano de garantías, tras calificar de «excelentes» las antaño maltrechas relaciones entre el Tribunal Supremo y el TC. «Desde 1980 el TC ha sido un factor fundamental de la estabilidad institucional de nuestro país , con independencia de que sus decisiones gusten más o menos». Sobre el relativamente reciente incumplimiento de sus resoluciones ha alertado de que «si empezamos a no cumplirlas, la paz, convivencia y libertad estarán seriamente comprometidas».