El largo viaje hacia la «nación vasca»

El PNV interiorizó por la fuerza, tras el batacazo de Ibarretxe y la pérdida de poder autonómico en 2009, que la independencia formal dentro de la Unión Europea es imposible. Pero no renuncia al nuevo Estatuto vasco -ahora lo llama «Concierto Político» - que reconozca expresamente el «derecho a decidir» su futuro. Al contrario, la vela soberanista sigue navegando y el PNV cree tener con Sánchez el viento a su favor para convocar en esta legislatura la anhelada consulta vasca.

El Plan Urkullu está recogido en el programa electoral y su objetivo es aprobar el nuevo Estatuto a través de una «consulta habilitante» que espera acordar con el PSOE y Podemos en La Moncloa. Ese fue el motivo último por el que el grupo de Andoni Ortuzar dio la puntilla a Mariano Rajoy hace dos años. En el pacto de investidura con Sánchez, de finales de 2019, se incluyó el compromiso de impulsar la aprobación de la reforma estatutaria, el único texto autonómico que no ha sido todavía renovado, insisten. «Adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias», señala el documento de diciembre.

Será el tercer intento de Urkullu, que ya en 2012 prometió en su primer programa electoral que se celebraría una consulta en 2015. No pudo ser, principalmente porque las llamas del incendio separatista catalán lo inflamaron todo y el PNV optó por congelar sus planes. En un viaje a Nueva York en 2013, junto a Juan José Ibarretxe, el lendakari señaló que los vascos celebrarían un referéndum como tarde en 2020. Tampoco se cumplió el guión. Mientras Artur Mas organizaba su consulta el 9 de noviembre de 2014, en marzo de ese año se constituyó en el Parlamento de Vitoria la ponencia de autogobierno que lleva seis años dándole vueltas a la reforma estatutaria, sin acuerdo posible de momento.

En 2016 Urkullu se presentó a la reelección prometiendo una «consulta habilitante», aunque esta vez sin especificar una fecha. A finales de ese año el PNV se asoció con Rajoy en Madrid y aparcó su plan soberanista en el cajón del Parlamento. Los debates en Vitoria seguían mientras Cataluña se asomaba al precipicio separatista. Ese octubre Urkullu medió sin éxito con Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia que llegó tras el referéndum del 1-O. El lendakari pone todo el énfasis en que lo suyo es pactado, no unilateral.

Y en mayo de 2018, de repente, el PNV pisó el acelerador. El mismo día en que con una mano apoyaba en Madrid los Presupuestos de Rajoy, con la otra firmaba con Bildu en Vitoria una reforma soberanista que reconocía el «derecho a decidir» de la «nación vasca», y en el que se rescataba la vieja distinción de Ibarretxe entre ciudadanos -que vivan en el País Vasco- y nacionales -que hayan obtenido la nacionalidad vasca-. Una vuelta al monte que apartó del consenso al PSE, su socio del Gobierno, a Podemos y al PP. Un hito «histórico», según Arnaldo Otegui, que esta semana ha mostrado su decepción porque el PNV, desde entonces, enfrió sus planes y decidió arrimarse a los socialistas y a Podemos.

En el último año los expertos designados por los partidos han intentado acordar un texto articulado del futuro Estatuto vasco, pero ha vuelto a encallar contra el núcleo del «derecho a decidir». El PNV edulcora esa tesis soberanista afirmando que debe ser pactado con el Gobierno, pero exige incluirlo en la reforma estatutaria. El nuevo Parlamento vasco deberá retomar los trabajos sobre el futuro Estatuto por tercera legislatura consecutiva.