«Kichi» se salta la ley y ya lleva dos años sin rendir cuentas al Tribunal de Cuentas

Pese a este reiterado incumplimiento de la legalidad, Podemos prefiere presentar al alcalde de Cádiz como damnificado por el «bloqueo de la autonomía local». Este miércoles, en el Congreso, el diputado Antonio Gómez-Reino pidió al ministro Montoro que «devuelva la cartera a los ayuntamientos», y aprovechó para citar a los consistorios gobernados por la órbita de Podemos, entre los que se encuentra Cádiz.

«Kichi» fue aupado a la alcaldía gaditana el 13 de junio de 2015 con el apoyo del PSOE. Prometió «abrir las ventanas» del ayuntamiento para que «entre luz a sus rincones y cajones», según dijo aquel día. Al Tribunal de Cuentas, sin embargo, le es imposible: no ve esa «luz» porque, en lo que «Kichi» lleva de mandato, el Ayuntamiento de Cádiz no ha presentado ni una sola de las cuentas generales que debía haber entregado al TCu por obligación legal.

A finales de 2015 debió haberle entregado la de 2014, y no lo hizo. Y hasta octubre del año pasado tenía de plazo para enviar al Tribunal de Cuentas la de 2016, pero tampoco la entregó. Buena parte de los ayuntamientos españoles no llegan a tiempo para dar sus contabilidades al TCu, y las facilitan fuera de plazo . Llegan tarde, pero al menos llegan. En el caso de Cádiz, ni eso: el TCu sigue esperando las cuentas municipales de 2014 y 2015, y está por ver qué ocurrirá con las de 2016.

El Ayuntamiento que dirige «Kichi» es el único de una capital de provincia que tiene pendientes de entregar al TCu dos cuentas generales. Se trata de una información económica esencial no solo para evaluar cómo se encuentran las arcas de un ayuntamiento, sino también para poder fiscalizar y comprobar que las cuentas se ajustan a la legalidad.

La cuenta general es el documento clave para auditar a una administración pública, porque abarca todo el movimiento de fondos realizado tanto en el ayuntamiento como en sus organismos, empresas públicas o cualquier otro ente ligado orgánicamente al consistorio. De hecho, la cuenta general está formada por las cuentas anuales del ayuntamiento propiamente dicho, junto a las de sus entidades dependientes. Esas cuentas incluyen el balance de situación, la cuenta de resultados económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la preceptiva memoria que debe ir avalada por el responsable político.

En el caso del Ayuntamiento de Cádiz, el Tribunal de Cuentas se está topando con un muro desde que gobierna la órbita de Podemos encabezada por José María González «Kichi».

Solo otras dos capitales españolas están actualmente en la «lista roja» del Tribunal de Cuentas por este tipo de incumplimientos, y las dos son andaluzas: Huelva y Jaén . Pero en ambos casos solo tienen pendientes de entregar al TCu una contabilidad, la de 2015. Al frente del consistorio onuvense está el socialista Gabriel Cruz; su homólogo en Jaén es el popular Francisco Javier Márquez.

La Diputación de Cádiz, presidida por Irene García Macías (PSOE), tampoco ha presentado aún ante el Tribunal de Cuentas sus contabilidades de 2014 y 2015. Y en la misma situación está el ayuntamiento de Jerez de la Frontera, dirigido por la socialista María del Carmen Sánchez. El de Marbella -regido por José Bernal (PSOE)- se cuenta también entre los grandes ayuntamientos españoles que aún le deben al TCu sus cuentas de 2015.