El juzgado de Estepona archiva el caso del ático de Ignacio González tras casi ocho años de investigación

El delito, dice el juez, habría consistido «en la adquisición y posterior arrendamiento en el año 2008 realizado por la sociedad Coast Investors LLC en favor de la Sra. Cavero Mestre, por ser ésta esposa del Sr. González González». Según el denunciante y las acusaciones populares, las condiciones en las que la pareja disfrutaba del inmueble eran «ventajosas», un alquiler de 2.000 euros mensuales mediante un «contrato de arrendamiento simulado».

Pero el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, al que ha tenido acceso ABC, asevera que «de lo actuado en la causa no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» y añade que la investigación está ya «agotada». El juez sostiene que «a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado por aquella sociedad para la adquisición de los bienes inmuebles» .

El magistrado cita varios informes de la UDEF para argumentar que no hay indicios suficientes para procesar a los investigados por los delitos de cohecho y blanqueo. En cuanto al presunto soborno, el juez Eloy Marfil asevera que «ningún vínculo se infiere en la presente causa entre, por un lado, el contrato de compraventa suscrito en 2008 por Coast Investors LLC y el anterior propietario del inmueble y los contratos de arrendamiento suscritos entre dicha sociedad y la Sra. Cavero Mestre y, por otro lado, la actuación realizada por el Sr. González González como vicepresidente o presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en los contratos o adjudicaciones en los que interviniera directa, o indirectamente, el Sr. Cerezo Torres».

En lo que se refiere al blanqueo de capitales, el auto alude al «origen no sospechoso de los fondos empleados» usados por la esposa de González para comprar la propiedad. Se escrituró en 770.000 euros, un valor inferior al de mercado, según los denunciantes, y la mayor parte de los fondos provenía de un finiquito recibido por Lourdes Cavero.

La Fiscalía de Málaga había solicitado el sobreseimiento el pasado diciembre al comprobar que, tras la investigación efectuada, no había indicios suficientes para mantener la imputación de Ignacio González, su esposa y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Por otro lado, el expresidente madrileño fue detenido en abril de 2017 dentro de la operación Lezo, la trama del Canal de Isabel II. La Fiscalía solicita para González una pena de ocho años de cárcel por fraude y malversación.