La Justicia suspende la exhumación de Franco por deficiencias en el proyecto del Gobierno

Este nuevo escollo con el que se encuentra el Gobierno en su afán por exhumar al dictador responde únicamente a criterios técnicos. Según estipula el decreto ley con el que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez sentó las bases para sacar a Franco del Valle de los Caídos, el Ministerio de Justicia debía enviar un proyecto con los detalles técnicos de la exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo que, a su vez, tenía que dar el visto bueno al plan.

Pese a que este consistorio madrileño dio luz verde al informe, que hace las veces de licencia para proceder a las obras en el interior de la basílica, ahora la Justicia ha decidido suspenderlo al no considerar «admisibles» las actuaciones remitidas en el plan redactado por el Ministerio. « No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico , ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello -por el hecho de remover la losa de 2.000 kilos de la lápida de Franco- es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir y que, a su vez pueda causar daños a las personas», cuestiona el juez José Yusty Bastarreche en un auto que no ha gustado en Moncloa.

Tras conocer la noticia, el Gobierno cuestionó la decisión judicial, que a su juicio es «cautelarísima», ya que «ni siquiera escucha al Ayuntamiento» de San Lorenzo ante el recurso. De igual modo, como informa Víctor Ruiz de Almirón , fuentes del Ejecutivo criticaron el «obstruccionismo del entorno de Franco» para frenar la exhumación mediante una batería de recursos judiciales con el mismo contenido pero interpuestos por distintas personas. Según Moncloa, que ya ha puesto a trabajar a la Abogacía del Estado para unificar todos estos recursos, el objetivo es «obligar a que sean muchos los Juzgados los que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno se dé la razón a la parte demandante». Pese a ello -y pese a que los familiares ya han advertido que apurarán la vía judicial-, en el Ejecutivo recalcan que el expediente de exhumación tramitado por el Consejo de Ministros sigue adelante.

A partir de ahora, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene tres días para formular las alegaciones que considere pertinentes contra la resolución judicial, en la que el magistrado Yusty Bastarreche tiene muy en cuenta los informes periciales elaborados para la ocasión por dos arquitectos: José Ismael de la Barba y Enrique Porto.

Tanto De la Barba como Porto son dos especialistas vinculados a la Fundación Nacional Francisco Franco, para la que elaboraron un informe en el que exponen justamente las mismas conclusiones de las que se hace eco el juez Yusty para suspender cautelarmente la exhumación de Franco por falta de garantías. En opinión del magistrado, basándose en el informe de los arquitectos, «no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación».

Por su parte, el juez Yusty, cuestionado en 2007 por criticar la ley de Memoria Histórica -dijo que «representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil»- deja constancia en su auto que, a día de hoy, «no se aprecia especial urgencia» en el caso de la exhumación de Franco, ya que lleva enterrado en el Valle de los Caídos más de 43 años.