Justicia eliminará la cárcel para delitos de expresión

Según informó en la noche del lunes en un escueto comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación, sin que desde el departamento que dirige Juan Carlos Campo se pudiera aportar explicación o información alguna por tratarse de «una decisión del Gobierno», quedarán «al margen del castigo penal» los «excesos verbales» cometidos «en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales». Cabe recordar que el rapero Pablo Hasel ha recibido orden de la Audiencia Nacional de ingresar en prisión tras ser confirmada una sentencia de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y teniendo ya antecedentes penales.

Todo apunta a un movimiento defensivo de la parte socialista del Gobierno, ya que tras el anuncio de La Moncloa se conoció la intención de Unidas Podemos (UP) de presentar este martes en el Congreso una «Ley de protección de la libertad de expresión» para derogar los artículos del Código Penal que, consideran, «atentan contra este derecho fundamental recogido en la Constitución».

En concreto, quieren modificar los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo.

UP tiene prevista una rueda de prensa del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens , y el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago , para este martes. Según fuentes del grupo parlamentario de UP, que convocaron a primera hora del a tarde, la intención era precisamente presentar esta iniciativa legislativa. Pero, añaden, Justicia se adelantó.

Es una de las causas de las que ha hecho bandera Podemos, a quien el rapero acusó, igual que al PSOE, de ser «cómplices» de su encarcelamiento. Hoy, de hecho, se celebra una manifestación. En su explicación, el Ejecutivo defiende que el derecho penal «ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada» para responder a comportamientos que, aunque estén cerca de considerarse ilícitos, se entiende que su castigo penal «supondría un desaliento para la libertad de expresión».

Por su parte, Unidas Podemos defiende la necesidad de su ley porque considera que España está asistiendo a «una deriva autoritaria» que limita el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal».

En este sentido, recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que abrió la puerta a la despenalización cuando condenó a España por haber declarado culpables de injurias a dos individuos que quemaron fotos del Rey en una protesta en Girona. Desde entonces, los delitos de injurias a la Corona acaban archivándose en la Audiencia Nacional, si bien siguen vivas las causas por enaltecimiento del terrorismo, especialmente el yihadista, ya que se interpreta que al estar ETA y los Grapo disueltos el efecto de jalear su violencia no se tiene por qué traducir en una vuelta de la misma. Lo que el comunicado de Moncloa no aclara es si cuando habla de «creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta» incluye ese tipo de apología, para el que prevé eliminar las penas de prisión.