La Justicia empieza a frenar el adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña

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Esta madre y su marido -al igual que las otras once familias que sustentan la acusación- se limitó a observar en silencio cómo arrancaba el engranaje judicial que ha llevado a ocho profesores de tres centros de esta localidad (las escuelas Mossèn Albert Vives, Pau Claris y La Salle) a prestar declaración ante el juez por un presunto delito de incitación al odio.

Los docentes, a los que se mantuvo la condición de investigados tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Seu de Urgel, son el director de la escuela Mossèn Albert Vives, Isidor Alberich, concejal del PDECat en el Ayuntamiento de esta ciudad, y cuatro maestros de su mismo centro; la directora del colegio Pau Claris, Ester Coma, y otro docente, y la responsable de la escuela de La Salle, Anna Sansa.

«Las ocho personas han contestado a las preguntas que se les ha formulado. Todas ellas mantienen la condición de investigados. No se han pedido medidas cautelares», indicaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ahora, el juez instructor debe decidir si archiva el caso o ve indicios de delito y lo remite a un Juzgado de Lérida.

Los profesores acudieron a su cita judicial sin estridencias. No tuvieron manifestación de apoyo ante las dependencias judiciales, aunque sí la solidaridad de parte de la comunidad educativa , como la asociación de docentes Rosa Sensat o el sindicato Ustec-STEs. El lunes, el alcalde de la localidad, Albert Batalla (PDECat), uno de los que que amenazó con dejar la militancia cuando Carles Puigdemont hizo un amago de desactivar la DUI, recibió a los impulsores de la recogida de 70.000 firmas a favor de los profesores investigados.

Las familias denunciantes acusan a los ocho docentes de ofrecer una versión distorsionada de las cargas policiales del 1 de octubre y de introducir en las aulas «debates políticos en tono catalanista y contra los españoles». Una de las madres denunciantes, agente de la Guardia Civil que prefiere mantener el anonimato, relató ante el juez y también en la denuncia que elevó a la Alta Inspección Educativa (recogida en uno de los tres requerimientos que el Ministerio ha enviado a la Generalitat), que su hijo, en segundo de Primaria, le explicó que «la profesora les había dicho que había que hacer la huelga del martes 3 de octubre» y que «los Guardia Civiles y los policías son malos, que los únicos buenos son los mossos».

Según expone la mujer en su denuncia, la docente llegó también a decir que «la policía pega a la gente» y a pedir a los alumnos que no explicaran a sus padres ni a otras personas lo que había dicho en clase. Quizás por este motivo, según la familia, el menor les «rogó con lloros» que no hablaran con la profesora «porque tenía miedo de que le pegaran». En el auto que se dictó a raíz de la denuncia de esta madre , el juez señala que el alumno «habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre guardia civil».

En su escrito, el juez considera que «podría ser» que los docentes «incitaran de manera directa a sus alumnos (de edades muy tempranas y, en consecuencia, moldeables, máxime por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos) a la comisión de hechos» que fomenten «el odio, hostilidad o la violencia» contra el Instituto Armado. La acusación de esta familia no es la única que recae sobre los docentes de este centro, según consta en uno de los requerimientos de la Alta Inspección. Otras dos madres han denunciado también a profesores que dijeron a los alumnos que la huelga del 3 de octubre se convocó «porque le han pegado a la gente que quería votar y han matado a una persona».