La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont por malversación, pero no por rebelión

La Fiscalía ha informado de que no puede recurrir la decisión de la Audiencia Territorial, si bien en su último escrito había solicitado la extradición del líder soberanista por rebelión y malversación de fondos. La Fiscalía ha reconocido que la Audiencia no ha seguido sus argumentos y «pronto» informará sobre cómo llevará a cabo la extradición , ya que es el órgano competente para la ejecución de este proceso judicial.

El tribunal indica en un comunicado que considera «no admisible» extraditar al líder soberanista por rebelión, como había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia «suficiente».

Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión.

Sin embargo, la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein sí que considera «admisible» la petición de extradición por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre .

El escrito del tribunal asegura que Puigdemont pudo haber tenido una «corresponsabilidad» en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España.

La Audiencia desdeña asimismo los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España a Puigdemont porque era un perseguido político y no iba a poder tener allí un juicio justo.

Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.

Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España.

Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial.

Las reacciones en España no se han hecho esperar. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado la extradición pero ha advertido sobre «las dos varas de medir» que provoca la euroorden. «Aquellos que dieron la cara ante la Justicia van a ser juzgados por todos los delitos del Código Penal y, en cambio, los que huyen de la Justicia como Puigdemont pueden tener un beneficio», ha denunciado en declaraciones en el Congreso de los Diputados.

El líder de la formación naranja ha considerado que el mensaje que se transmite es «perverso» y ha pedido un replanteamiento de la eurorden como sistema europeo para que no perjudique «a los que se quedan».

En esta misma idea ha coincidido el portavoz adjunto del Grupo Popular, Carlos Floriano. En rueda de prensa en el Congreso, ha reclamado al Ejecutivo socialista que promueva la revisión y mejora de la euroorden para que «prevalezca» el criterio de la Justicia del país de origen, y no existan «santuarios políticos» donde queden impunes las comisiones de determinados delitos. El objetivo del PP como también de Ciudadanos es que no existan circunstancias que alienten a la fuga. o la extradición de Puigdemont a España pero sólo por el presunto delito de malversación y no por el de rebelión.

Aún así, Rivera sí ha querido destacar la «buena noticia» que supone que Puigdemont vaya a ser juzgado en España y tenga que «dar la cara», aunque sea solo por el delito de malversación. Ha recordado cómo su grupo avisó sin éxito al Gobierno popular de que hacía falta más control sobre las finanzas de la Generalitat para evitar que Puigdemont utilizara «dinero público para dar un golpe de Estado». Y ha reclamado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que vigile y supervise al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque «puede haber malversación de fondos» de nuevo.