La justicia advierte al secesionismo catalán de que actuará de forma «firme y enérgica» contra la ruptura

Tanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza , como el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes , se mostraron ayer dispuestos a impedir los planes rupturistas, lamentaron la deriva del independentismo catalán, y defendieron la supremacía de la Constitución y la ley ante todo.

Más contundente se mostró el fiscal general, quien abrió el telón del acto de apertura del año judicial, una ceremonia solemne celebrada en el salón de plenos del Tribunal Supremo, un recinto que albergó juicios históricos, como la vista que enjuició a los golpistas del 23 de febrero de 1981.

«Frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la Ley, del Estado de Derecho y de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna», expresó Maza, quien garantizó «una actuación firme y enérgica» para preservar la indisoluble unidad de España.

«En este momento que nuestra Nación atraviesa, el Ministerio Público no abriga duda alguna acerca de sus obligaciones», advirtió Maza a los independentistas catalanes, en alusión a las acciones penales que la Fiscalía podría promover contra los políticos secesionistas, que han proclamado su voluntad de desoir incluso las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El fiscal general del Estado, en su primer discurso de apertura del curso judicial en el cargo, criticó que el secesionismo haya optado por «las vías de hecho» para sacar adelante sus planes, «con grave quebranto del orden constitucional ». Enfrente, siempre se situará la Fiscalía, explicó, «actuando en defensa de nuestro Estado democrático y de derecho». «El Ministerio Público está obligado a desplegar una defensa activa de la España constitucional», zanjó Maza, que en ningún momento aludió con una mención expresa al proceso independentista.

Las palabras de Maza fueron escuchadas en directo por gran parte de la cúpula judicial, incluido Juan José González Rivas , el presidente del Tribunal Constitucional, órgano que ha dejado en papel mojado cada paso de la hoja de ruta secesionista, al suspender o anular sus normativas, y que volverá a ser decisivo este mes de septiembre. El ministro de Justicia, Rafael Catalá , también estuvo presente en el acto, junto a numerosos magistrados.

Para esa labor, el fiscal general anunció que cuenta con todas las Fiscalías que pueden verse implicadas en la defensa de la Constitución: la de la Audiencia Nacional, las del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, la de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y las Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, cada una en sus competencias. Todas «seguirán actuando con celeridad y coherencia para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional». Llamada a filas.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lanzó un guante a los funcionarios catalanes. «Nadie sufrirá por cumplir la ley», proclamó el presidente del Poder Judicial, quien contrarrestó así el mensaje del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach , que aseguró que los funcionarios catalanes que no cumplan los mandatos de las normas secesionistas serían sancionados. «Nos corresponde a los jueces amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional», aseguró el presidente del CGPJ, que expresó «un sentido recuerdo» para las víctimas del atentado yihadista de Barcelona, igual que Maza.

Lesmes calificó de «inaceptables» los planes independentistas fuera de la ley, que describió como «voluntades unilaterales que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación». El presidente del órgano de gobierno de los jueces recordó que la Constitución es «un mandato jurídico directo», que vincula a todos los poderes del Estado, obligados a defender la unidad de España, regulada en el artículo 2 de la Constitución «como basamento último de todo el Derecho de un Estado».

La inminente «batalla» judicial entre el Gobierno y la Generalitat marcó el ambiente del primer día del curso judicial, tanto en el tono de los mensajes como en las conversaciones que sucedieron en el aperitivo posterior. Un paso adelante de los independentistas -que aunque han convocado un pleno extraordinario para el viernes, hoy mismo podrían tramitar la ley del referéndum en el Parlament, o convocar directamente la consulta a través de un decreto del Gobierno regional- conllevará el correspondiente recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el TC, que se reúne hoy y mañana.