Los juristas creen que aún no se dan los requisitos para aplicar la ley de Partidos sobre la CUP

En la ley de Partidos se establece un procedimiento judicial de ilegalización de una formación política cuando su actividad vulnere los principios democráticos mediante acciones «reiteradas y graves» como esta: «Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas».

En esta misma ley, se establece que es el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros , el que puede pedir al Supremo que ilegalice un partido. Pero también se prevé que el Congreso o el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) puede instar al Gobierno a dar el primer paso.

En la dirección del PP se considera que las últimas declaraciones de miembros de la CUP permiten actuar ya contra esta formación. La diputada de la CUP en el Parlament, María Sirvent, criticó la «represión desatada» de los Mossos, habló de cargas «desproporcionadas» y negó que hubiera violencia en la concentración frente a la Cámara autonómica. El PP ya condenó en su día el apoyo de la CUP a las acciones de Arran contra el turismo .

A excepción de lo previsto en la Constitución para todo tipo de asociaciones (es decir, considerar ilegales aquéllas que «persigan fines y utilicen medios tipificados como delito», tal como dice su artículo 22.2), l a causa de ilegalización de un partido no viene motivada por sus ideas (de ahí que se permitan partidos que son contrarios en su ideario político al Estado democrático de Derecho, a la Monarquía parlamentaria, a la unidad de España...) y sí por su actividad y conductas que, según recuerdan fuentes jurídicas, deben ser graves, reiteradas y vinculadas con la violencia .

Estas fuentes opinan que el papel de la CUP en los sucesos del 1-O no es suficiente en estos momentos como para ilegalizar el partido salvo que justificara el empleo de la violencia para conseguir la independencia . Hacer una interpretación extensiva de este precepto sería tanto como considerar que los sindicatos avalan las técnicas en ocasiones violentas de los piquetes.

Tampoco creen estas fuentes que el hecho de que la CUP llamara un referéndum ilegal se pueda considerar reiteración delictiva desde el momento en que «inexplicablemente» este delito todavía no está tipificado (lo estuvo) en el Código Penal. Sí podría considerarse reiteración de un delito de desobediencia, pero en este caso lo cometerían las personas físicas apercibidas en su momento.