La Junta de Andalucía dio dos millones a una entidad «intrusa» en los cursos

Tres de estas subvenciones fueron concedidas por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, donde «dicha asociación no posee centro de trabajo ni desarrolla actividad, legalmente registrada, en la provincia de Huelva», según señala el informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de esta provincia.

Los investigadores sostienen que la entidad, presidida por Demetrio Cruz Jiménez, «acude a esta provincia para la percepción de subvenciones», en contra del «espíritu de la normativa», que estipulaba que las ayudas debían ser concedidas a empresas que desarrollasen su actividad en la provincia .

La investigación se centra en una ayuda por importe de 72.922,50 euros aprobada mediante una resolución el 21 de febrero de 2011 y destinada a la organización de dos cursos: uno de diseñador de web y multimedia y otro de aplicaciones informáticas de gestión. A la vista de los gastos que declara, la Policía llama la atención sobre el hecho de que Apropyme no realizó ninguno de los dos cursos por sí misma , sino que subcontrata «de manera irregular» tanto los monitores como el alquiler de las aulas con la entidad Ceandem. El 60 por ciento de la subvención se imputa a la entidad subcontratada: 31.034 euros en concepto de arrendamiento de aulas y 12.719 euros a nombre del Andrés José O.O., administrador de Ceandem y docente.

Esta subcontratación «encubierta» es, a juicio de los investigadores, «un indicio más no sólo del intrusismo de esta asociación en las subvenciones de Huelva, sino además de la falta de idoneidad en la concesión de las mismas». Con una mera observación de los documentos aportados a la Junta, exponen, «se podía haber comprobado cómo esta empresa no tenía intención de impartir los cursos por sí misma, siendo además esa práctica una de las usadas para crear la opacidad necesaria a fin de llevar a cabo en su facturación el desvío del capital concedido».

Siendo llamativo, éste no es el único aspecto que hace saltar las alarmas de los agentes. La entidad endosó a la subvención una factura por importe de 29.293,67 euros, «una cantidad completamente desorbitada en concepto de medios didácticos y consumibles», lo que les hace sospechar que Apropyme recurrió a empresas que «pudieran tener cierta vinculación» con ella con el fin de «facilitar el inflado de las facturas y por ende perpetrar la presunta estafa, desviando los fondos concedidos mediante la subvención».

La elevada factura contrasta con la versión de uno de los profesores, que declaró que «los manuales eran fotocopiados y, además, de su nómina se le descontaron mensualmente ciertas cantidades en concepto de materiales y/o gestión». Los agentes acordaron la imputación de tres empresarios vinculados a este expediente por supuestos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, falsedad documental y estafa. Sin embargo, el juez de Huelva ha archivado la causa contra Apropyme, al igual que otras 18 empresas, porque las ayudas recibidas no superan los 120.000 euros, cuantía mínima para que se considere un delito de fraude de subvenciones.