Junqueras y Romeva recurren al Constitucional su suspensión como diputados del Parlament

La suspensión fue acordada por el juez del Supremo Pablo Llarena , y posteriormente ratificada por la sala encargada de resolver los recursos, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé la suspensión de los cargos públicos encarcelados y procesados por rebelión.

El recurso de la defensa de Junqueras y Romeva alega que esa medida supone una « vulneración de los derechos de participación política y de libertad de expresión e ideológica » de los exconsejeros y advierte de que «la Constitución no puede anular las funciones de un diputado electo».

En opinión de los letrados, la causa por rebelión instruida por el Supremo «ha supuesto la muerte de la política y de los derechos políticos de los encausados» y la suspensión de funciones de los cargos procesados «ha causado un hito en la historia judicial española en cuanto al tratamiento y protección (o desprotección) de derechos políticos de investigados y procesados».

«Nunca en la historia reciente un tribunal español había interpretado la ley determinando tamaña pérdida de vigencia de derechos políticos», insisten los abogados en sus recursos, que recuerdan que el Supremo ha impedido además a los investigados participar en campaña electoral y los ha sancionado por hacerlo.

El TS, añaden los recursos, impidió también a los encausados participar en candidaturas a la presidencia de la Generalitat, «y ahora, merced a una aventurada e ilógica calificación jurídica de los hechos, se les suspende de funciones públicas y representativas».

Según alegan las defensas de Junqueras y Romeva, la legislación prevé sólo la suspensión de cargos en los casos de procesados «que hubieran utilizado armas de guerra o explosivos para atentar contra el orden constitucional», por lo que su aplicación a los líderes independentistas resulta « desproporcionada ».

El recurso apunta a que el propio Llarena ya debió ser consciente de la «desproporción de la medida impuesta» cuando propuso la fórmula de sustitución entre diputados del mismo grupo que el de los parlamentarios suspendidos.

Los abogados también critican en su recurso que la ofensiva legal contra el proceso independentista ha supuesto una « criminalización del debate parlamentario» y ha acarreado «la suspensión de plenos del Parlament y la disolución de éste por el Gobierno de España».

Asimismo, insisten en que el Supremo no tiene competencia para investigar los hechos que se imputan a los líderes independentistas, toda vez que «no han cometido ningún delito fuera del territorio catalán».