Junqueras pide al Tribunal Constitucional que anule la «sentencia política» del Supremo

La defensa del exvicepresidente del gobierno catalán alega ahora en su recurso ante al Constitucional que el Alto Tribunal negó, según su versión, sus derechos fundamentales. Y es que, para los abogados del líder secesionista, la sentencia pretendió ser simplemente un «ataque político» con el que neutralizar al movimiento independentista . Y en su recurso, lanza un reto al tribunal de garantías: preguntar a la justicia europea si podría haber juzgado y condenado a Junqueras sin que antes el Parlamento Europeo levantara su inmunidad. Y es que alegan que el Supremo debería de haberse abstenido de sentenciar a Junqueras hasta que el TSJUE resolviese la cuestión prejudicial que el propio Alto Tribunal le había planteado, y que finalmente llegó después de la sentencia del «procés». Es la que reconocía que el líder de ERC debería haber gozado de inmunidad como eurodiputado desde la proclamación de los resultados de las elecciones europeas.

Mientras esto se produce en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía continúa su batalla para intentar que Junqueras y los otros ocho líderes encarcelados sigan disfrutando de salidas casi diarias gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Esta flexibilización de las condenas las deciden las juntas de tratamiento de las mismas cárceles, aunque precisan del posterior aval del juez de vigilancia penitenciaria. En el caso de Junqueras, la Fiscalía presentó ayer ante la juez un escrito en el que se opone a que se le aplique el 100.2 -que le permite salir tres días a la semana a dar clases en un campus de Manresa - porque considera que lo «primordial» es «reeducarle» para que interiorice el respeto a la ley.

La Fiscalía denuncia que Junqueras no cumple los requisitos para disfrutar de esta flexibilización y resalta que el líder de ERC «justifica su actividad delictiva», por sedición y malversación, y no ha asumido los hechos cometidos ni se ha arrepentido, elementos «clave», para el Ministerio Público, en el proceso de reinserción. Como ya hizo con otros líderes del «procés», la Fiscalía considera que existe un «plan» del Govern para dar de forma «generalizada» un régimen de semilibertad a los condenados. Sin embargo, hasta ahora la juez de vigilancia penitencia ha validado la aplicación del 100.2 de los presos sobre los que ya se ha pronunciado. Por eso, también ayer, la Fiscalía, en el caso de Jordi Cuixart, ha recorrido dicha resolución ante la Audiencia de Barcelona.