El juicio del «procés» baja de la arena política al dispositivo del 1-O

Después de que las tres últimas sesiones se centraran en los interrogatorios a quienes fueron testigos políticos -directos o de referencia- del desafío secesionista -quienes reconstruyeron el relato previo a la declaración unilateral de independencia-, la vista va focalizando el objeto de la acusación con la declaración, esta semana, de los responsables del operativo policial del 1-O, sobre el que el exministro el Interior Juan Ignacio Zoido descargó toda la responsabilidad de actuación el pasado jueves.

Se trata del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el exdelegado del Gobierno Enric Milló y el máximo responsable y encargado coordinar a los tres cuerpos (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil), el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Los tres fueron los informantes del Gobierno durante los días previos a la jornada del referéndum , para la que, según desveló la instrucción de la causa, se diseñó un dispositivo concreto en el que la labor de los policías nacionales y de los guardias civiles se limitaría a apoyar, en caso de necesidad, a los Mossos. Sin embargo, la supuesta traición del ex «major» Josep Lluís Trapero , que se tradujo en la inacción -cuando no connivencia con los ciudadanos que fueron a votar- de los Mossos dejó a 6.000 policías y guardias civiles en una clara inferioridad de condiciones frente a «murallas humanas organizadas» -en palabras de Zoido- dispuestas a que los agentes no cumpliesen el mandato judicial de impedir que se llevara a cabo la votación. En lo que debió ser un lapsus del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn -por cuanto en cada una de sus intervenciones reitera la actuación «cívica y pacífica» de quienes «ejercían un derecho»-, Xavier Melero fue muy gráfico cuando le preguntó a Zoido si consideraba que 6.000 agentes estaban en condiciones de impedir una votación y si no pensaba que era «enviarlos al matadero».

Será José Antonio Nieto quien hoy, a partir de las diez de la mañana, relate ante el tribunal los pormenores de esa jornada, de los que Enric Milló (el segundo testigo) iba informando a la exvicepresidenta del Gobierno.

Junto a ellos, también declarará hoy Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio de Interior y máximo responsable político del Departamento de Interior durante los meses en que estuvo activo el artículo 155 de la Constitución.

Mañana será el turno de Pérez de los Cobos, que, si ratifica lo declarado en instrucción, aludirá a la traición de Trapero , que se comprometió a revisar y modificar el dispositivo policial que inicialmente diseñó cuando la autoridad judicial le advirtió de que le parecía insuficiente. Sobre el 1-O también testificará bajo juramento el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña aquella jornada, Sebastián Trapote, y el exresponsable de la Guardia Civil en esta comunidad Ángel Gozalo.

Importante para la causa será también el testimonio, el miércoles, de la letrada de la administración de Justicia que formaba parte de la comisión judicial que se encargó de los los registros practicados en la Consejería de Economía el 20-S. La concentración a las puertas de esta sede de una multitud de personas en protesta por la actuación judicial obligó a esta funcionaria a abandonar el edificio, ya de madrugada, por la azotea y a «camuflarse» entre los espectadores del teatro contiguo. Su declaración es fundamental porque sobre este incidente orbita la acusación de rebelión de la Fiscalía: los manifestantes trataban de impedir los registros judiciales situándose por encima de la ley. «Tuve que escapar como un delincuente», dijo en sede judicial durante la instrucción.

Y aunque su citación estaba prevista para la semana pasada -y se excusó por compromisos profesionales-, hoy comparecerá ante el Supremo el actual presidente del Parlament, Roger Torrent , de quien la defensa de Carme Forcadell intentará que exonere a su antecesora de cualquier responsabilidad en la tramitación de las leyes de la ruptura. El interrogatorio de la letrada a otros expresidentes de la Cámara ya dejó entrever que pretende demostrar que la Mesa de la Cámara no puede impedir la tramitación de iniciativas «salvo por defectos formales».