Alegatos políticos y pretextos, a la espera de la prueba de la rebelión

Como era de esperar, en su declaración los acusados han negado la violencia , pero el verdadero debate sobre si la hubo o no –cuestión capital y de una prueba exigente, porque es necesaria para que exista el delito de rebelión– llegará más adelante, con las pruebas testifical, documental y pericial. Todo el conjunto probatorio formará la tesis que los magistrados volcarán en su sentencia.

Hasta ahora los interrogatorios han potenciado el eco de los mensajes de los acusados, obcecados en calificar la causa como «juicio político» . Ninguno ha sabido justificar por qué desobedecieron al Tribunal Constitucional , que les pidió hasta en seis ocasiones que frenaran el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Casi todos alegaron que prefirieron anteponer un supuesto «mandato democrático» de solo una parte de Cataluña, la independentista, a cumplir con las leyes y con la Justicia española. 

Jordi Turull , el exconsejero catalán de Presidencia y hombre fuerte de Carles Puigdemont , puso palabras a ese ejercicio con la teoría de la «ponderación», a la que se apuntó Josep Rull , su compañero de celda y exconsejero de Territorio. Rull se refirió a la necesidad de buscar un «equilibrio» entre «el imperio de la ley, la legitimidad y el principio democrático». Este acusado aportó una pista decisiva sobre la manifiesta ilegalidad, al explicar que no reconoce ninguna «autoridad moral» al TC, el tribunal garante de la Constitución, y ensalzar al de Canadá. 

Esa actitud esconde que «como mal menor» los acusados aceptan implícitamente el delito de desobediencia , una actuación de la que hasta presumen los líderes del «procés» y que no acarrea penas de prisión. En la sentencia del 9-N, el Supremo rebatió esa argumentación y condenó por desobediencia a Francesc Homs , a quien afeó resolver por su cuenta un supuesto choque de derechos y «destrozar el edificio normativo». Esa sentencia la escribió el propio Marchena, que también redactará el futuro fallo.

Los acusados se han atrevido a invocar la Constitución española, la misma que ellos atropellaron. Junqueras y Römeva retorcieron el ordenamiento jurídico para decir que el derecho de autodeterminación no está prohibido en la Carta Magna. Tampoco está reconocido, ni en el derecho internacional, y mucho menos para una situación como la catalana.

La declaración de Joaquim Forn dejó en mal lugar a todos al describir como una farsa los pasos culminantes del «procés»: el referéndum y la declaración unilateral. El exconsejero catalán de Interior calificó de «ilegal» la votación del 1-O y señaló que, tras la DUI, no se llevó a cabo ningún acto «para el nacimiento de un Estado» . Sus palabras parecían decir que todo fue una broma, a pesar de que los acusados desafiaron como nunca al Estado y fracturaron en dos a la sociedad catalana. 

En un tono parecido, la exconsejera Dolors Bassa manifestó que el referéndum nunca fue previsto «como un acto concluyente para la independencia» catalana, una explicación que comprometió el orgullo de Puigdemont, y argumentó que el objetivo era forzar una «negociación» con el Gobierno central. Todos los acusados enfatizaron que siempre buscaron un referéndum «pactado», aunque su actuación silenció a la Cataluña no independentista y se adentró en la vía unilateral . 

El único consejero que se echó atrás antes de la declaración unilateral del 27-O (DUI), Santi Vila , retrató la cobardía de Puigdemont y desmontó el discurso victimista de Junqueras , que insistió en que el Gobierno de España nunca quiso dialogar. Vila reveló una «interlocución continúa» con el Ejecutivo de Rajoy y altos cargos del PSOE hasta el último minuto, en las horas previas a la DUI. «Lo habíamos conseguido», relató el «exconseller», que narró que el 25 de octubre se marchó a dormir con la palabra de Puigdemont de que convocaría elecciones autonómicas . Su relato puede culminarse con una expresión de Bassa en su declaración: «La prueba es que aquí estamos y no hay independencia». 

El interrogatorio de Jordi Sànchez –líder de la ANC– se centró en el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando agentes de la Guardia Civil la registraban por orden de un juez. En aquel acto –descrito por Sànchez como un «ambiente festivo» y uno de los sucesos en los que la Fiscalía sustenta su acusación por rebelión– una masa de entre 40.000 y 60.000 militantes impidió durante horas la salida de la comitiva judicial y destrozó siete vehículos oficiales. 

Precisamente el testimonio de la letrada de la administración de justicia presente en aquel registro, que tuvo que salir de la azotea en lugar de por la puerta («tenía la percepción de que no era seguro», dijo Sànchez), es una de las pruebas consideradas esenciales por la Fiscalía en el debate de la violencia .

El Ministerio Público cargará las tintas de este delito en esa testifical, además de en la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en la de toda la cúpula del Estado o en la de los guardias civiles presentes en el asedio del 20-S. 

Ese debate se abordará también cuando se exhiban en la sala de vistas los vídeos sobre las movilizaciones del 19 y 20 de septiembre, y los del 1 de octubre, así como con la documental de la reunión de la junta de seguridad del 28 de septiembre. En aquella cita los mandos de los Mossos aconsejaron suspender el referéndum ante los previsibles enfrentamientos y brotes de violencia. Esa advertencia se basaba además en un informe elaborado por la Comisaría General de Información. El Ministerio Público sacará a relucir también los partes de lesiones de los agentes .