Arranca el juicio contra Isabel Pantoja por blanquear dinero de Julián Muñoz

Lo que podría ser simplemente un juicio más por presunta corrupción municipal, se complica por el perfil y el morbo que despiertan sus protagonistas. Se han acreditado unos 150 periodistas, fotógrafos y cámaras de una treintena de medios y programas (muchos de ellos del corazón) y los medios audiovisuales se instalarán en una zona acotada durante la entrada y salida de los procesados.

El «caso Blanqueo», desgajado del macrosumario por corrupción de Malaya, trata de dilucidar si el exregidor utilizó a sus exparejas para «lavar» fondos de origen ilícito y si recibió sobornos por favorecer los intereses de un empresario. Las cuatro primeras sesiones del proceso se han reservado para las cuestiones previas y no se escuchará ninguna declaración en la Sala antes del parón judicial de verano. El juicio se retomará en octubre y hay previstas medio centenar de jornadas hasta mediados de abril de 2013.

Pantoja, detenida por estos hechos en mayo de 2007, está acusada por Anticorrupción de un delito continuado de blanqueo de capitales y además de la petición de cárcel, se expone a una multa de 3,6 millones de euros. El Ministerio Público considera que el dinero y los bienes de procedencia ilícita «lavados» ascenderían a 1,8 millones de euros y hay dos operaciones de la artista en entredicho.

Una es la compra del chalé «Mi Gitana», en la urbanización La Pera de Marbella, y la otra es la adquisición de un apartamento en el hotel Guadalpín por una sociedad de la cantante que presuntamente carecía de ingresos para hacer frente a los 350.000 euros que costó el inmueble. La acusación mantiene que los dos negocios se realizaron con dinero ilícito de Julián Muñoz , que en esta causa se enfrenta a una petición de siete años y medio de prisión por blanqueo y cohecho. En las cuentas bancarias de la cantante y de sus empresas, además, se detectaron ingresos en efectivo de origen desconocido por un importe de 1,1 millones de euros durante el tiempo que duró su relación con el exalcalde.

Zaldívar se expone a una pena de tres años y medio de cárcel y a una multa de 2,6 millones de euros. Habría blanqueado fondos (1,3 millones de euros) que su exmarido «ocultaba en el extranjero» y dinero en efectivo que tenía en casa y que se habría llevado tras la ruptura matrimonial. El fiscal afirma que las dos exparejas de Muñoz eran «perfectamente conocedoras» del origen ilícito de los fondos y bienes que recibían.