Víctimas del franquismo declaran en el Supremo que acudieron a Garzón «por justicia»

Durante la tercera jornada de la vista oral, la sala del Tribunal Supremo (TS) que juzga a Garzón ha escuchado el testimonio de tres representantes de asociaciones de Memoria Histórica, que han dicho que acudieron a la Audiencia Nacional en 2006 "por Justicia". Así lo ha asegurado Pino Sosa , de la asociación de Arucas en Gran Canaria, que a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha explicado cómo desapareció su padre. "Se lo llevaron de casa, los apalearon , los tuvieron presos (...). Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas", ha afirmado tras recordar que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre porque "se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba".

Aún más emotivo ha sido el testimonio de la representante de la asociación Sierra de Gredos, María Martín López , que a sus 81 años ha rememorado ante el tribunal lo que ocurrió con su madre el 21 de septiembre de 1936.

"La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres", ha dicho María Martín, que ha añadido que el cadáver de su madre está en una fosa junto a otros cuerpos y todas las gestiones que ha realizado para recuperarlo han fracasado.

Las dos testigos han tenido que contestar también al letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruiz , que pide 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.

El abogado ha intentado en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, indicando que se está juzgando a Garzón, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados , le ha advertido de que era él quien decidía lo que era o no era pertinente.

La acusación ha insistido en saber por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito.

Pino Sosa lo ha negado al asegurar que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les motivó a llevar su caso hasta la Audiencia Nacional.

El último testimonio ha sido el de Ángel Rodríguez Gallardo , un historiador de la Comisión de Memoria Histórica de Ponteareas, que ha denunciado un "plan sistemático" del franquismo para eliminar a los responsables del gobierno de la Segunda República, que podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".

En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.

Además, ha recordado que no es la primera vez que se intenta investigar judicialmente las desapariciones del franquismo , y ha citado algunas denuncias de los años 70 y la exhumación de las fosas de La Solana en Ciudad Real y la del alcalde de Ferrol en 1986.

Ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado del 23-F, tras el que el Gobierno socialista decidió "aparcar" las investigaciones, ha señalado antes de afirmar que tras una laboriosa investigación histórica llegaron a la conclusión de que había ocurrido una "cosa terrorífica" con hechos similares a los investigados en otros países.

El abogado de Manos Limpias ha preguntado a todos los testigos si habían recibido subvenciones públicas o privadas y la respuesta ha sido negativa, aunque el representante de la asociación Ponteareas ha matizado que recibieron una vez una ayuda pero no para la investigación sobre desaparecidos. El juicio se reanuda mañana con la declaración de otros tres representantes de víctimas del franquismo propuestos por la defensa.