El juez de Vigilancia Penitenciaria tumba dos terceros grados de etarras que no pidieron perdón

El primero de los autos, del pasado día 21, es el relativo a Iñaki Bilbao. Ingresó en prisión el 10 de junio de 1998 y cumple una condena acumulada de 25 años (40 por una sentencia y 25 por otra) por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos. Desde abril de 2021 está en segundo grado y fue trasladado desde la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a Basauri por el Ministerio del Interior. Cumple en mayo de 2023.

En esa prisión se llegó a la conclusión de que procedía pasarle a tercer grado, la semilibertad «a la vista de la favorable evolución tratamental, la existencia de un escrito adecuado sobre el abordaje del delito y la evaluación de correcta de la salida programada ».

«Son muchos los datos positivos existentes: buen comportamiento y adaptado a normativa penitenciaria, antigüedad de los hechos delictivos, avanzado estado de cumplimiento de la condena, cancelación de sanciones, correcto desempeño de actividades en el centro (...) acogida y apoyo familiar (...) tener permisos tramitados pendientes de autorización...», enumera la resolución a la que tuvo acceso ABC.

Sin embargo, el mismo auto atiende al recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque «como señala el informe psicológico» del etarra en prisión «existe una empatía hacia las víctimas pero no personaliza su posicionamiento frente a aquellas personas sobre las que atentó, lo que obliga a potenciar la vía tratamental antes de acceder al grado pretendido». Revoca el tercer grado de manera que vuelve al segundo.

En cuanto a Gorka Martínez Ahedo, cumple 30 años de prisión, entre otras cosas como cooperador necesario en el asesinato a tiros del guardia civil Benigno Villalobos. Cumple la pena en 2028 y aunque cuenta con «apoyo familiar, ausencia de adicciones y renuncia explícita a la actividad delictiva», en su contra constan el tipo de delito cometido, la especial gravedad de los hechos, «especialmente violentos». La junta de tratamiento de la prisión dijo en abril de 2022 que a la vista «de la favorable evolución tratamental» le progresaban al tercer grado.

Había aportado un escrito de arrepentimiento en el que afirma que desea presentar sus «condolencias y disculpas a todas las personas» a las que ha «causado daño». «Comprendería perfectamente que esta declaración suene cínica por mi parte. No obstante, puedo asegurarles que lamento en lo más profundo no haberlo hecho antes en términos tan explícitos, lo que considero un error, pues n haberlo hecho antes de modo que no deje lugar a la duda solo ha servido para alargar el dolor de todos ustedes», decía parte de la misiva.

Añadía expresión de su «compromiso con el uso de vías exclusivamente no violentas para el logro de objetivos políticos, rechazando de plano el empleo de métodos violentos».

«No duda el juzgador de la sinceridad de sus reflexiones -contesta el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional- pero no debe obviarse que entre otros requisitos, la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone el requisito de petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos y en el caso que nos ocupa no existe manifestación de perdón a las víctimas de su actividad delictiva, ni siquiera se referencian en su escrito, máxime cuando existen condenas por asesinato ».

Suma el hecho de que tiene una responsabilidad civil que supera los 343.000 euros de la que sólo consta que haya pagado 160 euros, lo que sería otro incumplimiento de los requisitos legales para progresar al tercer grado en sus circunstancias. Por eso, el juez revoca el tercer grado y clasifica a Martínez Ahedo de vuelta en el segundo. Seguirá en prisión.