La juez recula y en 48 horas desimputa a Zarrías por las mordidas de los ERE

En un gesto insólito, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, enmendó ayer una resolución dictada por ella misma sólo dos días antes por la que acordaba la apertura de una pieza separada de la causa matriz de los ERE donde implicaba a Zarrías y que está centrada en el reparto de mordidas entre ex cargos públicos, intermediarios y sindicalistas.

La magistrada despacha la rectificación en un folio y, sin entrar en más explicaciones, deja sin efecto la vinculación del ex secretario federal de Política Municipal del PSOE a las citadas diligencias. Su inclusión en las mismas, sostiene, se debió a un «error manifiesto» y «ahora advertido», «como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación». La instructora del caso ERE esgrime que «el artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, después de proclamar el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite sin embargo, en el apartado 3 “rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo”».

El auto de la discordia señalaba que Zarrías y otros 15 investigados «podrían ser personalmente responsables» de que se pagaran sobrecomisiones con márgenes desorbitados. La cuantificación de la prima era «el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía».

La corrección no afecta al procesamiento del que fuera consejero de la Presidencia desde 1996 a 2009 por un supuesto delito continuado de prevaricación, dentro de la rama política del caso, que también afecta a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a cinco exconsejeros y 18 ex altos cargos autonómicos. El juez de apoyo Álvaro Martín, que se ha encargado de la investigación del procedimiento específico de los ERE, acusó a Zarrías de conocer la «ilicitud» del método de concesión de las ayudas, entre otras cosas, porque formó parte de los denominados consejillos , en los que se abordó la modificación del sistema opaco de reparto de fondos instaurado en 2000 y 2001.

Una vez desimputado Zarrías, la investigación de las sobrecomisiones afecta a 15 personas: el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el conseguidor y exsecretario regional de Alimentación de UGT Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael José Sierra, sus «testaferros» Juan Francisco Algarín y Eduardo Leal del Real, así como responsables de consultoras como Antonio José Albarracín y José González Mata.

La Dirección General de Seguros calculó en abril de 2014 que se abonaron 66,15 millones de euros en comisiones por encima de la media de mercado, con cargo al fondo de los ERE.La Guardia Civil investigó, a instancias de la juez Mercedes Alaya, si Juan Lanzas estuvo «a las órdenes» de Gaspar Zarrías. En un informe remitido al juzgado en 2015, los agentes calificaron de «difícil definición» la relación entre Lanzas y el político jienense , basadas en «conjeturas» de algunos investigados.