El juez rechaza el intento de Dina Bousselham de impedir el nuevo análisis de la tarjeta

En un auto al que tuvo acceso ABC, el instructor responde al escrito que presentó la representación de Bousselham el pasado mes de febrero contra su decisión de enviar a la Policía Científica la tarjeta para ampliar la pericial que ya hicieron en su día y que sólo relataba los desperfectos externos del dispositivo, pues habían constatado que no funcionaba y no podían acceder a su interior.

Cuando en octubre del año pasado el juez solicitó al Tribunal Supremo que imputase a Pablo Iglesias, entonces aforado, por, entre otros, un delito de daños informáticos sobre la tarjeta, argumentaba que como funcionaba cuando se la entregaron y estaba inservible cuando se la devolvió por fin a su propietaria meses después , cabía presumir que los desperfectos se habían producido estando en su poder. El Supremo le devolvió el asunto y le instó a practicar una pericial más completa para esclarecer si los daños internos eran o no, deliberados.

Así las cosas, el juez entregó el dispositivo de nuevo a la Científica a primeros de año y les encomendó una análisis exhaustivo que implicará la destrucción del dispositivo. Contra esa decisión recurrió Bousselham pues le parecía que no tenía sentido una nueva pericial. « Resulta llamativo constatar que el recurso se interpone por quien, a priori, se encuentra en una posición de acusación particular , y pues, en esencia, mediante la interposición del recurso lo que se pretende es evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva», contesta García Castellón.

Considera que, en cualquier caso, el recurso no puede prosperar «al carecer manifiestamente de fundamento alguno». En primer lugar, porque, en tanto que «se enmarca en la investigación de unos hechos aparentemente constitutivos de un delito de daños informáticos que, desde la provisionalidad de este momento inicial, se habrían podido cometer por Pablo Iglesias».

En segundo lugar, considera que es útil, porque hasta la fecha «no se ha podido determinar en esta sede qué le pasó a la tarjeta ; por qué no funciona» y aunque Bousselham luego intentó cambiar de versión y aseguró que sí funcionó por un tiempo cuando se la entregó Iglesias, los indicios que obran en la causa apuntan más a que tal y como declaró en un primer momento, nunca logró acceder a ella.

Por último, recuerda que el Supremo «entendió necesaria la práctica de una diligencia de análisis pericial» precisamente por «su utilidad» y además, indica a Bousselham que esta conviene aunque ella decida no denunciar a Pablo Iglesias por los daños en caso de que la pericial los apuntale: «No requieren de previa denuncia ni del ofendido, de la persona agraviada por el delito, por lo que no se aprecia obstáculo procesal alguno que impida el esclarecimiento del hecho aparentemente delictivo», zanja García Castellón. Puede así, investigarlo aunque ella no quiera.

El devenir del caso Dina está paralizado por una doble razón. Primero, porque el Juzgado sigue esperando ese informe pericial exhaustivo sobre la tarjeta para dar cualquier otro paso a continuación: analizar si se puede imputar responsabilidad a Pablo Iglesias y si esta sería competencia o no de la Audiencia Nacional y citar a Bousselham en relación al otro delito del que el exvicepresidente del Gobierno era sospechoso, la revelación de secretos que ella sí puede perdonar.

Segundo, porque este mes de mayo se han tramitado los recursos de apelación que se venían acumulando desde el pasado octubre y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, cuando se subsane un error en la documentación, tendrá que pronunciarse sobre asuntos de forma y de fondo y en particular, la nulidad del auto de procesamiento que enfiló al banquillo a dos periodistas de Interviú y a Villarejo mientras se dirimía el futuro de Iglesias en el Supremo.

Esos dos periodistas, Alberto Pozas y Luis Rendueles, han pedido de hecho esta semana la revocación del procesamiento , porque se trata de un paso procesal que pone fin a la instrucción y en este caso, la investigación no ha terminado dado que se siguen practicando diligencias como el meritado análisis pericial. Critican, además, las dilaciones en todo el procedimiento.