El juez procesa a la empresa pública Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

En el auto de pase de las diligencias a procedimiento abreviado -similar al procesamiento en un sumario-, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal .

En el caso Defex se investigan contratos de suministro militar en cinco países: Arabia Saudí, Egipto, Brasil, Angola y Camerún , siendo estas últimas dos piezas las primeras en quedar concluidas.

El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en la pieza de Angola en la que reclama 50 años de cárcel para José Ignacio Encinas y otros exdirectivos de Defex por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial.

En el caso de Arabia Saudí, la tercera pieza en quedar conclusa, el juez procede contra Encinas Charro y otras 8 personas físicas -los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, entre otros- y contra tres empresas como personas jurídicas: Defex SA, Defence Devolopment y Nytel Global.

En juez ha apreciado irregularidades en la gestión y la contabilidad de la empresa pública, y en su actividad comercial, respecto a once contratos de armas y munición que fueron suscritos con el gobierno del país árabe desde 2005 hasta 2014.

Según el auto, los directivos de Defex presuntamente computaron como verdaderos gastos los pagos de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.

En esos once contratos, las empresas que participaron como consultoras para la consecución y ejecución de los contratos no han acreditado la prestación de una verdadera actividad comercial. «Su intervención real habría tenido por objeto el pago de comisiones a terceros y un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública», afirma el juez.

A su juicio, existen indicios «sólidos y consistentes» que ponen de manifiesto que todas las operativas de Defex en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.

Pagaban también comisiones «extraordinarias, irrazonables y no justificadas» a agentes por medios de sus empresas, todas ellas «meros parapetos para ocultar los intereses personales de los anteriores».

Del expresidente de Defex destaca el auto que no perdió «la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation».

Para De la Mata, en toda esta operativa han sido pieza clave «los conseguidores de los contratos que conseguían para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor de los contratos)».

De la Mata subraya también la falta de mecanismos de prevención de delito y control en Defex.

«El descontrol en Defex SA era tan grande que los directivos de Defex no han sido capaces siquiera de conocer, no ya los servicios que el grupo IKE prestara, sino que ni siquiera consta en la empresa qué personas podían estar tras esta mercantil y ser sus beneficiarios».

Para el juez «lo remarcable es que Defex suscribió contratos con este supuesto agente durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón».