El juez pone fin a la instrucción de «Gürtel»: cierra la pieza de delitos fiscales de los líderes de la trama

En total, el magistrado propone enviar a juicio a 21 personas físicas y 19 mercantiles, al tiempo que dicta el sobreseimiento para 28 individuos entre los que se encuentra Álvaro Pérez «El Bigotes», para quien se cierra esta parte de la causa dado que ya fueron investigados los mismos delitos en su caso en otras piezas del procedimiento.

Se archivan asimismo las actuaciones para el gestor de cuentas Arturo Fasana , investigado durante la instrucción como presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que se suponía, ocultaba el dinero en cuentas opacas en Suiza. El juez entiende que no concurren suficientes indicios delictivos contra él como para continuar con el procedimiento.

El principal investigado en esta pieza es el cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien según el relato del juez, constituyó y lideró desde finales de 1999 hasta 2009 un holding empresarial dedicado principalmente a la organización de eventos, «entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el Partido Popular» y en el que tenía «un importante poder de decisión» su número dos, el también procesado Pablo Crespo.

«La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante de la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión», señala el auto de De La Mata, que detalla cómo «crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos , ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita«.

En total, la instrucción ha concluido que Correa percibió al menos 30,9 millones de euros por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares para ocultarlos «a través de una compleja estructura societaria y financiera». Así, los fondos «nunca fueron declarados a Hacienda», ante quien «no presentó ninguna declaración tributarla desde al menos el año 1999 ocultando todos sus Ingresos y rentas». Estima que la cuota defraudada ascendió a 24,8 millones de euros entre fraude en el IRPF e Impuesto del Patrimonio entre 2000 y 2007.

Para lograrlo, entre 1999 y 2009 se sirvió de la utilización de dinero en efectivo opaco para Hacienda -depositó 14,3 millones de euros en cash en cajas de seguridad españolas entre 2000 y 2007-, pero también de sociedades de eventos que afrontarían de forma encubierta gastos personales -1,59 millones de euros esos siete años- y de estructuras societarias y financieras parcialmente ubicadas en el extranjero como titulares de activos y bienes. Ya en la última etapa, desde julio de 2008, utilizó otras estrategias, según el juez, como simular que vivía fuera de España y usar de testaferro aquí a su primo, el también procesado Antoine Sánchez.

No lo hizo solo. De La Mata procesa igualmente al ya mencionado Pablo Crespo así como a los asesores fiscales del grupo Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín , en tanto que piezas clave en la estructura. Por lo mismo, propone juzgar a diversos empresarios y testaferros que participaron en la operativa para ocultar al Fisco las ganancias y después blanquearlas para poder hacer uso de ellas.

El cierre de la instrucción de esta pieza marca un antes y un después. A falta de que las partes propongan la apertura de juicio oral y que se resuelvan los previsibles recursos contra el procesamiento, supondrá que ya no quede ninguna causa viva sobre la Gurtel en la Audiencia Nacional.

Las seis piezas que nacieron cuando la causa estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2008 acabaron convirtiéndose en nueve y esta, la «principal», es la única que seguía en instrucción. La primera en llegar a juicio fue la relativa al stand de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009, que se enjuició allí y tiene sentencia firme.

Después llegaría el juicio por la llamada «Época 1», cuya sentencia está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo y que costó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy una moción de censura por la condena al PP en calidad de beneficiario a título lucrativo.

También se juzgaron las piezas relativas a la financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 ; los contratos con Aena y con el Ayuntamiento de Jerez, cuya sentencia aún no se ha notificado.

Mientras, están pendientes de juicio los contratos menores con la Generalitat Valenciana y en particular, otro expositor de Fitur; así como quedan por señalar los contratos en Boadilla Del Monte. La sexta pieza en enjuiciarse está siendo la relativa a la visita del Papa a Valencia en 2006, vista oral que ha comenzado precisamente este lunes, en la Audiencia Nacional.