El juez Penalva denuncia al empresario Tolo Cursach por haberle llamado «subnormal»

Cabe recordar que el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares quedó ayer por la noche en libertad con cargos, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. Cursach llevaba más de un año en prisión provisional. La Sala impuso ayer al magnate isleño también diversas medidas cautelares , entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de tener que presentarse ante el Juzgado todos los lunes de cada mes. Cursach, por su parte, ha negado «rotundamente» haber proferido descalificación alguna contra el juez.

Según consta en la denuncia presentada este mediodía por Penalva, en el interior de las dependencias judiciales Cursach habría dicho hoy por tres veces «es un subnormal», refiriéndose al juez. Dichas palabras habrían sido escuchadas con nitidez por la funcionaria que en esos momentos estaba atendiendo al empresario y también habrían sido oídas por otra funcionaria que se encontraba en las inmediaciones.

Tras haber trascendido la presentación de la denuncia, el Grupo Cursach ha emitido un comunicado en el que señala que tanto el empresario como su abogado niegan «rotundamente» haberse referido en algún momento al juez. «Ni se le ha nombrado, ni se ha dado pie a que se le nombrara en ningún momento de los pocos minutos que ha durado el trámite por el que se ha acudido al juzgado», señala el comunicado. Cursach y su abogado han permanecido sólo unos cuatro minutos en los Juzgados y los trámites realizados se han llevado a cabo con «absoluta normalidad». En la citada nota se califica de «falsa» la acusación del juez, ya que estaría basada «en unos hechos que no se han producido, ni ningún otro que se le parezca».

Cursach ha permanecido trece meses en prisión provisional. Su ingreso en la cárcel fue decretado en marzo del pasado año por el entonces instructor del caso. El juez Penalva atribuyó entonces al empresario un total de hasta 16 delitos , entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Estando aún en prisión provisional, Cursach compareció el pasado mes de marzo a su primer juicio en calidad de acusado, por la posesión presuntamente irregular de una carabina en su domicilio. La sentencia de esta causa concreta se conocerá en breve.

Los orígenes del ahora denominado genéricamente caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas . Según el juez y el fiscal, habrían formado también parte de dicha trama el propio Cursach, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

Según los investigadores, el empresario mallorquín habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos . En estos momentos hay en torno a un centenar de personas investigadas —imputadas— en el caso Cursach, entre ellas antiguos altos mandos policiales. Además, varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial. A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que ahora cuenta con diversas piezas separadas.

El juez Penalva fue apartado del caso Cursach el pasado 7 de marzo, a través de un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del juez. El sustituto de Penalva en la instrucción ha pasado a ser el juez Miquel Florit.

Uno de los dos incidentes de recusación había sido presentado en diciembre por el abogado de otro investigado en la causa, Bartolomé Sbert, exdirectivo del Grupo Cursach. El letrado de Sbert había invocado como causas de la recusación « l a existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta » del juez Penalva con «cualquiera de las partes» y también «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». En su momento, se sumaron a la recusación solicitada por dicho jurista diversos abogados de otros imputados en la causa.

La Audiencia Provincial de Palma señaló en el auto en el que aceptó esa petición de recusación que no había advertido que las decisiones del juez Penalva hubieran venido presididas por «la predisposición anímica». Aun así, la Sala también argumentó que «los datos de hecho probados» en el incidente de recusación permitían afirmar que «la apariencia de imparcialidad» del juez Penalva en esta causa no superaba «el estándar objetivo». El tribunal se refería a los whatsapps que el magistrado intercambió meses atrás con la testigo protegida número 31, considerada clave en esta causa. En uno de dichos mensajes, el juez habría escrito «¡¡Vamos a acabar con estos hijos de p...!!», en referencia a las personas que supuestamente habrían estado amenazando a la citada testigo.