La magistrada del Juzgado de lo Social número 36 de Madrid, Patricia del Valle, ha dado la razón a Vila en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe en la que considera que su despido fue una « reacción ilícita frente a la afinidad política » del exdiputado y una vulneración de los artículos 14 y 24 de la Constitución.
Vila trabajó desde octubre de 2014 como técnico de imagen y sonido para Podemos y fue elegido diputado por la circunscripción de Burgos en las elecciones de diciembre de 2015 y en la repetición electoral de junio de 2016.
Por esa razón, causó baja en la Seguridad Social y alta en el régimen especial de parlamentarios hasta que las Cortes se disolvieron el 5 de marzo de este año. Entonces, al quedar fuera de la Diputación Permanente del Congreso, pidió la indemnización por transición a la que tienen derecho los parlamentarios hasta la celebración de nuevas elecciones y, como no fue candidato en los comicios del 28 de abril, reclamó la correspondiente indemnización por cese de su actividad parlamentaria.
También pidió a Podemos su reingreso a su puesto de trabajo, pero obtuvo una negativa como respuesta . El partido argumentó no tener constancia de que en su momento solicitara una excedencia forzosa por ser elegido diputado, sino una baja voluntaria como empleado.
El partido de Iglesias, por su parte, sostuvo en el juicio que Vila cesó como diputado el 5 de marzo y no pidió el reingreso hasta el 26 de abril , excediendo el mes establecido en la ley.
Pero la jueza rechaza el incumplimiento del plazo y que Miguel Vila manifestara su voluntad de romper la relación laboral, pero además entra en las causas del despido, que el exdiputado vinculó directamente con su escasa afinidad con el «denominado sector 'pablista'», dado que forma parte del grupo próximo a Íñigo Errejón .
Le da la razón también en ese aspecto, al sentenciar que no resulta «controvertido» que no es afín a ese sector, algo que ratificó en el juicio el exdirigente de Podemos Jorge Lago , también «errejonista».
La magistrada subraya que Podemos no presentó ninguna prueba de que el despido no fue una «represalia» y se limitó a defender que Vila no solicitó el reingreso en el plazo marcado por la ley, algo que, según la sentencia, no es cierto.
Por ello, considera que no existe «justificación alguna» para el despido y lo declara nulo, obliga a la readmisión del exdiputado y al pago de los salarios que ha dejado de percibir desde mayo hasta la fecha de readmisión a razón de 63,05 euros diarios.
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