El juez mantiene en prisión sin fianza a Ignacio González

Luis P. Arechederra

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31/07/2017
Actualizado 01/08/2017 a las 09:52h.

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González , el supuesto cabecilla de la trama de corrupción que anidó en el Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid.

Las diligencias de investigación practicadas han confirmado los indicios de criminalidad y el riesgo de que González se fugue o destruya pruebas que entorpezcan la investigación, argumentó el magistrado en el auto, en el que rechaza la petición de González de excarcelarle.

«Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad», alega el juez, que otorga a González «un papel decisivo y necesario» en los delitos que se investigan.

González, encarcelado el pasado 21 de abril tras estallar la llamada operación Lezo, argumentó al juez que había sufrido «un grave deterioro» en su estancia en la prisión de Soto del Real para solicitar su libertad. Su hermano Pablo , también investigado por la misma causa, a bandonó el pasado jueves la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros, una cantidad rebajada desde los 4 millones de euros iniciales, al considerar que ya no existía riesgo de fuga, dado el avance de la investigación, y al tener en cuenta sus problemas de salud.

El magistrado argumenta que la alta pena de los delitos imputados a González ya justifican su mantenimiento en prisión, dado el incentivo para fugarse. Los delitos que se investigan en esta causa son malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueo de capitales . García-Castellón explica que el riesgo de fuga es evidente al existir «una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas». Ello, «unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita».

Pero no solo eso: el juez también justifica su decisión para impedir que González altere las pruebas o coaccione a las personas que han confirmado los indicios de la investigación en sus declaraciones. Según el auto, las diligencias que se están practicando, declaraciones y examen de documentación que a su vez dan lugar a nuevas declaraciones y a la petición de más documentación, requieren que las actuaciones continúen bajo secreto de sumario para evitar coacciones o la ocultación de pruebas.