La juez manda a la cárcel sin fianza al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos

La operación 'Astapa', que investiga un presunto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio de Estepona, ha seguido su curso con la declaración del alcalde, Antonio

AGENCIAS |
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La operación 'Astapa', que investiga un presunto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio de Estepona, ha seguido su curso con la declaración del alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE. Tras la comparecencia, la jueza instructora ha dictado orden de prisión incondicional y sin fianza para el regidor, que ha sido conducido a la cárcel, de forma incondional y sin fianza. La misma medida ha adoptado la magistrada para su jefe de gabinete, José Flores.

Detenido junto a otras veinticinco personas, el alcalde había sido trasladado esta mañana entre una gran expectación a los juzgados de la localidad para declarar. Tras pasar tres noches en los calabozos, Barrientos llegó minutos antes de las 13.00 horas a las dependencias judiciales, donde le esperaban más de un centenar de personas, entre periodistas y vecinos, que le recibieron con algunos insultos, aplausos y gritos de apoyo. Hoy pasará su primera noche en prisión.

Tanto a Barrientos como a Flores y el concejal del Partido Estepona (PES) y ex gilista Manuel Reina, la juez les ha imputado los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo y, en el caso de Reina, también se le acusa de fraude, según fuentes judiciales.

El alcalde, que llegó al juzgado con la cara descubierta y aparente tranquilidad, ha permanecido estos días "bastante afectado" en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, según fuentes próximas al político. Antes de su comparecencia, Barrientos ha firmado un escrito dirigido al Pleno en el que ha presentado su dimisión irrevocable. Ha pedido asimismo que se respetara su presunción de inocencia. Sus abogados presentarán mañana el escrito en el Registro Municipal.

Libertad provisional para Zamorano y Simón

La juez ha concluido la ronda de declaraciones de los 26 detenidos con estas comparecencias y con las del abogado y militante del PSOE Juan Simón y el edil de Economía y Hacienda, portavoz municipal socialista y ex senador, Francisco Zamorano, que han quedado en libertad provisional bajo fianza de 300.000 y 50.000 euros, respectivamente.

A Simón se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que Zamorano está acusado de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Además del pago de la fianza, la juez ha impuesto a estos dos detenidos la obligación de permanecer en España y comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Cinco detenidos ya están en prisión

La instructora del caso ha dictado hasta el momento cinco órdenes de prisión incondicional, ha dejado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros a otras dieciocho personas (contando a Simón y Zamorano) y ha decidido que otros tres queden en libertad sin fianza y con cargos. Diez de los arrestados ya han abonado fianzas que suman un total de 1,6 milles de euros, según fuentes judiciales.

Otro de los últimos en quedar en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros ha sido el ex director del Área de Urbanismo de Estepona Pedro López, al que imputa los presuntos delitos de cohecho y malversación. En el caso de abonar dicha cuantía, deberá comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y tendrá prohibido abandonar España.

La magistrada ha acordado también dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros al arquitecto municipal Arturo Cebrián, imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Ha impuesto además una fianza de 15.000 euros al abogado y empresario Manuel Barroso, al que imputa un delito de blanqueo.

Una imputada asegura que es "un malentendido"

Alrededor de las 02.00 horas de la pasada madrugada abandonaron los juzgados las ediles socialistas Mariví López, Marisa Rodríguez y Asunción López, responsables de las delegaciones de Educación, Playas y Cultura, respectivamente, que también quedaron en libertad bajo fianza y con la prohibición de salir de España.

Rodríguez, a la que las instructora del caso imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, deberá pagar una fianza de 50.000 euros, mientras que sus dos compañeras en el gobierno municipal deberán abonar 30.000 euros y están imputadas por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. A su salida de la sede judicial, las tres concejalas han defendido su inocencia y han mostrado su esperanza de que "el malentendido se aclare pronto".

Fuentes judiciales han confirmado que diez imputados han hecho efectiva ya la fianza. Se trataría del empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos con 100.000 euros, el presidente del grupo Prasa, José Romero, que abonó ayer por la mañana los 300.000 euros, el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, con 50.000 euros, Ana María Crespo, con 30.00 euros, y J.L C.A, con la misma cantidad. Antonio Bazán, que habría abonado 300.000 euros, Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano, 500.000 euros y los letrados de Bilbao, Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con fianza de 100.000 euros, también habrían abonado la fianza.