El juez Llarena afirma que los datos que le entregó Montoro coinciden con los indicios de malversación

En su resolución, de 85 páginas, Llarena confirma el procesamiento del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los otros 22 procesados que recurrieron y se reafirma en que en los hechos que se les atribuyen concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia contra los líderes secesionistas.

El juez instructor del Tribunal Supremo confirma en su auto que los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen su investigación sobre el delito de malversación de caudales públicos, sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude.

En ese sentido, el auto destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que estas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a «la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada». Es decir, que no detectó malversación pero pudo ser porque se produjo fraude para ocultarla, señala el juez.

Hacienda «no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime)» indicios de malversación.

El juez subraya que «la alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el Ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge». «Antes al contrario», añade.

En su auto, aglutina estos indicios y, así, cita las pruebas de los costes en publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos, la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería o la intervención de una pluralidad de observadores internacionales

Respecto a la «inviolabilidad parlamentaria» esgrimida por los miembros de la Mesa de Parlament contra su procesamiento por delito de desobediencia, el magistrado contesta que esta no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana «en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva» ideada desde fuera de la actividad parlamentaria.