La juez Lamela cierra la investigación contra Trapero para su enjuiciamiento

En esta causa también están procesados la intendente de los Mossos Teresa Laplana , el exdirector de los Mossos Pere Soler y el antiguo secretario general de Interior de la Generalitat César Puig , la cúpula de los Mossos durante el «procés». La juez considera que, «una vez practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, la participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que han concurrido, es procedente concluir el sumario». Con este paso, el caso se acerca a la juicio , un momento que llegará cuando la Sala de lo Penal abra juicio oral después del trámite para que la Fiscalía presente su escrito de acusación, en el que presentará sus peticiones de pena.

Según el auto de procesamiento , en el que Lamela expreso sus conclusiones de la investación, el antiguo jefe de los Mossos Trapero formó parte de una organización criminal para lograr la secesión de Cataluña por las vías ilegales. El mayor dirigió a la cúpula policial de los Mossos, siguiendo un plan premeditado, para favorecer el referéndum ilegal, evitando actuar y enmascarando su inactividad en un supueso principio de proporcionalidad, aseguró la magistrada.

Lamela describió una auténtica organización criminal encabezada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado en Alemania Carles Puigdemont . Lamela advierte que los líderes secesionistas formaron un grupo jerarquizado , con reparto de roles y planificacion, con permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, con el plan ilegal de lograr la independencia catalana por la vía de los hechos. Dentro de ese esquema, los Mossos se mantuvieron al margen de cualquier actuación de la Policía y la Guardia Civil destinada a impedir el «procés». Siguieron así la pauta anunciada expresamente por el antiguo consejero de Interior, Joaquim Forn, que se encuentra en prisión preventiva en Estremera.

El delito de sedición, por el que se inició esta causa, castiga a aquellos que impidan la actuación de la Justicia o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de un alzamiento público. Se castiga, en el caso más grave, con hasta quince años de prisión. El asedio a la Guardia Civil, que registraba la sede de Economía de la Generalitat por orden de un juez el 20 de septiembre, retrasó durante horas la salida de la comitiva judicial, y tres vehículos oficiales fueron destrozados. La letrada de la administración de justicia tuvo que salir por la azotea y escapara por un teatro.