El juez investiga si la Kitchen «enmascaró» los pagos en fondos reservados

Lo explica en un auto al que tuvo acceso ABC y en el que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pide a la Unidad de Asuntos Internos que vuelva a llamar a la puerta de la Secretaría de Estado. Esta vez, para que «informe si consta una operación policial en la cual se incluya el a bono de gastos reservados por los conceptos de pagos a colaboradores fijos (u ocasionales, según corresponda) entre los meses de julio de 2013 a septiembre de 2015 », es decir, las fechas en que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cobró de la trama.

Solicita que el departamento que ahora dirige Rafael Pérez Ruiz le informe de bajo qué conceptos se clasificarían además, según la normativa que rige los fondos reservados, desembolsos como los aislados en la Kitchen para comprar un ordenador portátil que habría acabado en la propia Secretaría de Estado y una pistola que fue regalada al confidente.

En concreto, quiere saber si esas compras que ya consta en el sumario que se hicieron, se justificaron como « cantidades de información y no como cantidades de operaciones », en los documentos que cada mes, le hacía llegar la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

A partir de aquí, requiere que se traslade al juzgado esa información «cualquiera que haya sido su clasificación (pagos a colaboradores, actividades de investigación, adquisición de equipos y materiales, etc.), teniendo en cuenta que este caso los gastos se habrían abonado entre los meses de julio y noviembre de 2013».

Conforme explicaba en su escrito pidiendo estas diligencias la Fiscalía Anticorrupción, se trata de «conocer con precisión los documentos obrantes en la Secretaría de Estado de Seguridad que pudieran corresponder con los gastos reservados ya conocidos que fueron empleados en la operación policial ilícita » para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación comprometedora para el partido y sus dirigentes.

A finales de 2018 y otra vez a mediados de 2019, el Consejo de Ministros aprobó sendos acuerdos por los que desclasificaba toda la documentación e información relativa a la operación Kitchen y autorizaba expresamente a los implicados a declarar en sede judicial sobre este asunto, hasta entonces de carácter reservado.

Una vez levantado este velo, la Audiencia Nacional pidió a la Secretaría de Estado que aportase la documentación al respecto que obrase en su poder, habida cuenta de que entre los archivos intervenidos a Villarejo se encontraron recibís y otros papeles que apuntaban a que la operación se había desplegado desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y costeado con fondos reservados.

Sin embargo, « se respondióque no constaba archivada la documentación requerida ». Para los investigadores, esta respuesta «pudiera perfectamente obedecer» a dos circunstancias. Una, «a que en la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa se solicitaran los fondos reservados sin cumplimentar debidamente» los formularios previstos en la ley para ello. Otra, a que los fondos «que fueron efectivamente utilizados en la operación policial se solicitaran con cualquier otra designación».

No obstante, « tampoco resulta descartable que los fondos empleados fueran solicitados bajo la cobertura de otra investigación policial completamente ajena al operativo conocido como Operación Kitchen o bajo la cobertura de cantidades de información, con objeto de enmascarar un uso desviado de los fondos reservados».

Por ello, lo que se requiere es toda la documentación relativa a operaciones policiales con confidente o desembolsos para una pistola y un ordenador en esas fechas concretas «sea cual sea la fórmula con la que se solicitaron los fondos, o, alternativamente, para acreditar que los fondos reservados efectivamente empleados fueron solicitados desde la DAO bajo la cobertura de otra investigación policial completamente ajen a al operativo conocido como Kitchen o bajo la fórmula de gastos de información».