El juez imputa a Camps en el caso Gürtel por prevaricación y fraude a la administración

Sin fijar una fecha todavía para interrogarle, Camps deberá declarar como imputado ante el magistrado, que reabrió esta pieza del caso Gürtel tras la confesión de los cabecillas de la red y del antiguo secretario general de la formación regional, Ricardo Costa , quien señaló que Camps era responsable de las irregularidades.

Tras estas revelaciones, la Audiencia Nacional ordenó reabrir la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a los amaños de contratos en Valencia entre 2005 y 2009 y que ya se encontraba lista para ser enjuiciada, para esclarecer si Camps es el responsable último de las irregularidades. El objetivo es averiguar si la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars recibió órdenes para la adjudicación de determinados contratos a la Gürtel.

El magistrado le cita, en concreto, por la adjudicación irregular a la empresa Orange Market del contrato para la instalación de grandes eventos de la Comunidad Valencia en la feria de turismo Fitur en la edición de 2009, «sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares que no hubieran prescrito».

A pesar de que la Justicia no actuó contra él en el inicio de la investigación, el magistrado explica que ahora «han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps Ortiz con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada».

El objetivo, en definitiva, es esclarecer si Camps es una de las autoridades superiores a Ibars «que pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de FITUR 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV) que estaban pendientes de cobro». Otro juez de la Audiencia Nacional, el magistrado José María Vázquez Honrubia, consideró probado que el PPCV se financió de forma irregular en los años 2007. 2008 y 2009, con dinero negro procedente de empresarios contratistas de la administración, que saldaron la deuda del partido con la Gürtel.