EFE  Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, junto a su abogado, ayer a la entrada de la Audiencia Nacional
EFE Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, junto a su abogado, ayer a la entrada de la Audiencia Nacional

El juez envía a Roca a prisión y le impone una fianza de tres millones de euros

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Rafael Ruz , decretó ayer prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 3 millones de euros para Juan

S. SANZ / J. M. CAMACHO. MADRID/MÁLAGA.
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El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Rafael Ruz, decretó ayer prisión provisional comunicada eludible bajo fianza de 3 millones de euros para Juan Antonio Roca, después de celebrar, previa petición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular -ejercida por el PP de Marbella-, la vista de revisión de su situación jurídico-personal en relación al caso «Saqueo I». En él se investiga el supuesto desvío de 26,7 millones de euros del Consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995. La Fiscalía en su escrito de calificación de 2005 solicitó diez años de cárcel para Roca por estos hechos.

Según el auto de prisión hecho público ayer, el magistrado Rafael Ruz, que sustituye de forma provisional al titular Juan del Olmo hasta la designación de su sustituto, basó su decisión en que la «presunción de existencia de un riesgo fundado de huida» por parte del acusado «no es aventurada y presenta visos de alta probabilidad» en la presente causa, cuyas actuaciones serán elevadas de manera «inminente» a la Sala para señalamiento y celebración del juicio oral. Además, sustenta el juez el envío a prisión de Roca en las «elevadas penas» (diez años de prisión como autor por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental) solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular en sus escritos de calificación.

Durante la vista, la fiscal Anticorrupción Belén Suárez se refirió a la «dudosa ilicitud» del origen del millón de euros -reunido en 18 días- prestado como fianza por éste ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella para poder abandonar hace una semana la cárcel de Albolote (Granada) en el marco de la trama urbanística del «caso Malaya». Por su parte, la representación jurídica del PP marbellí aludió a la «reiteración delictiva» del acusado, quien quiso prodigarse en su comparecencia afirmado, dice el auto, «ser víctima de un linchamiento político-mediático» por parte de los ediles del PP de dicho municipio.

Su defensa, que pidió la libertad provisional, alegó, entre otras razones, el «cumplimiento escrupuloso» que su cliente ha hecho de las medidas cautelares (comparecencias quincenales) que este Juzgado le impuso en abril de 2002.

Cantidad «suficiente»

El juez Ruz tuvo en cuenta, entre otros, este argumento de la defensa para no establecer ayer la prisión provisional «como un absoluto incondicionado», según exigían Fiscalía y acusación popular, pero sí acordó revisar la cuantía fijada en esa última comparecencia de abril de 2005 en la que se le impuso una fianza de 450.000 euros. Roca eludió entonces la cárcel al reunirla en 24 horas. Ahora el juez aumenta esa fianza a 3 millones de euros, una cifra que considera «de suficiente entidad e importancia como para conjurar el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia por parte del acusado».

Además, Ruz contempla la posibilidad de que Roca pueda contar para facilitar su huida con dinero de las presuntas cuentas bancarias que tiene en paraísos fiscales de Andorra, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Suiza e Isla de Man. El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella cree que el valor del patrimonio intervenido a Roca en el procedimiento de la operación «Malaya» sería cercano a los 200 millones de euros. En concreto, la pieza por la que ahora se le envía de nuevo a prisión, la relativa al caso «Saqueo I», tiene su origen en una querella presentada por la Fiscalía en febrero de 2001 y en la que también fue imputado, entre otros, el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil.

Según el fiscal del caso, los procesados «crearon un artificio contable, consistente en la inclusión en los libros oficiales de la sociedad, de una serie de anotaciones que reflejaban importes de supuestas facturas que no respondían a ninguna realidad de servicios prestados ni operación económica, emitidas por sociedades inactivas, y por un importe equivalente al del montante de los fondos sustraídos».

El instrumento necesario para la materialización del artificio contable constituido por las sociedades inactivas que giraron esas supuestas facturas a la sociedad Contratas 2000 fue aportado por Roca, quien, haciendo uso de un poder otorgado por su madre, el 7 de marzo de 1986, adquirió la totalidad de las acciones de cuatro sociedades (Dintak, Cantera Nasok, Contratas Peninsulares y Contratas El Plantio) por 240.404, 84 euros.

Servicios inexistentes

Estas empresas generaban facturas falsas para cuadrar las cuentas de la «caja B» y compensar la salida de dinero en efectivo de las arcas municipales. Para la Fiscalía, estas cantidades se destinaron a fines particulares. Los imputados, con determinadas facturas acreditaban una serie de servicios inexistentes y con otras engordaban los presupuestos de algunas obras.

Del Olmo envió a la cárcel el 17 de abril de 2002 a Gil y a seis de sus colaboradores por los delitos de malversación y falsedad documental. Roca, «cerebro» de la trama urbanística desde su puesto en el Ayuntamiento, ha supervisado más de 600 convenios urbanísticos que ha suscrito el Consistorio en los últimos 15 años. Actualmente, está imputado en más de 50 casos.