La juez decreta prisión provisional sin fianza para el alcalde de Estepona

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde del municipio, Antonio Barrientos, y su jefe de

AGENCIAS. ESTEPONA (MÁLAGA)
Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, encargada del caso contra la presunta trama de corrupción urbanística municipal, ha decretado prision provisional sin fianza para el alcalde de la localidad, Antonio Barrientos, que ha firmado un escrito dirigido al pleno en el que presenta su dimisión irrevocable como regidor.

Así, está previsto que mañana se presente un documento en el registro del Ayuntamiento en el que Barrientos, que pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia, renuncia a su cargo como alcalde-presidente de la Corporación municipal. En los próximos días, tiene previsto dirigir una carta abierta al pueblo, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al aún regidor.

Barrientos, que a su llegada al juzgado fue aplaudido y abucheado, fue detenido el pasado martes en el marco de la operación denominada 'Astapa' y ha estado dos días a la espera de pasar a disposición judicial. Hoy fue trasladado sobre las 12.50 horas hasta los juzgados, de donde salió sobre las 20.20 horas, sin chaqueta y con barba de varios días, tras declarar ante la jueza del caso, que le imputa inicialmente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

Por otro lado, la instructora decretó hoy también prisión provisional sin fianza por los mismos delitos para el jefe de Gabinete, José Flores, y para el concejal del Partido de Estepona (PES) Manuel Reina, al que se le añade un presunto fraude. Otro edil de eta formación José Ignacio Crespo, y el técnico de Urbanismo Jabier Wiitmeur también fueron enviados ayer a prisión.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, desarrollaron el martes una operación, coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción, en la que detuvieron a 26 personas y que se extendió también a las provincias de Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián.

En estas diligencias se investigan, según aseguraron fuentes fiscales, supuestas irregularidades urbanísticas, a través de licencias, convenios, recalificaciones y sobre todo aprovechamientos urbanísticos, en las que estarían presuntamente implicados cargos políticos del Ayuntamiento, técnicos y empresarios. La investigación habría comenzado en la Fiscalía de Málaga a raíz de una denuncia.

Libertad sin fianza

Tras tomarles declaración, la instructora del caso dejó en libertad sin fianza pero con cargos a tres personas, M. C. H. , A. F. y el empresario Enrique González Ceano; mientras que decretó libertad provisional pero con fianza para los restantes 18 detenidos en esta operación. Así, hoy mismo impuso una fianza de 50.000 euros para el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano; y de 300.000 euros para el abogado y militante socialista Juan Simón.

Ayer jueves, dejó en libertad con fianza de 300.000 euros al ex gerente de urbanismo Pedro López por los presuntos delitos de cohecho y malversación; con una fianza de 30.000 euros al arquitecto municipal Arturo Cebrián, imputado por presuntos cohecho y

tráfico de influencias y con 15.000 euros al abogado y empresario, Manuel Barroso, al que se le imputa inicialmente un delito de blanqueo.

También decretó libertad para las concejalas socialistas de Cultura y Educación, Asunción López y Mariví López, respectivamente, con fianzas de 30.000 euros, a las cuáles se les imputan los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias; mientras que impuso

el pago de 50.000 euros para la edil de Playas, Marisa Rodríguez, a la que inicialmente se le achacan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

La jueza ha dado un plazo de cuatro días para abonar estas cantidades a todos los imputados que comparecieron tanto ayer jueves como hoy viernes, según informaron fuentes judiciales, quienes apuntaron que los que declararon el martes y el miércoles y tenían que abonar fianzas ya lo han hecho.

De hecho, ya han abonado la fianza de de 500.000 euros el ex consejero delegado de la sociedad Valle Romano Luis Fernando Linares, imputado por los delitos de fraude y malversación; el presidente del Grupo Prasa, José Romero, imputado inicialmente por delitos contra la administración pública, cohecho y blanqueo, al que se le impuso 300.000 euros, misma cantidad que al empresario Antonio Bazán, imputado por presunto fraude y malversación de caudales públicos.

También han pagado los abogados Daniel Delgado y Armando Pérez, los empresarios Vicente y Félix Delgado, el arquitecto Ignacio de la Hoz, Ana María Crespo y J. L. C. A.

En el operativo se practicaron 38 registros domiciliarios y societarios y también se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles, dirigidas a 22 registros de la propiedad, de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas.

Asimismo, se ordenó el bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros, dirigidos a 91 entidades, de 78 personas físicas y jurídicas. Los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento, aunque la Fiscalía Anticorrupción también libró órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.