El juez cuestiona que nadie en Podemos supiera qué era Neurona Comunidad

Ambos acudieron a primera hora de la mañana al juzgado como imputados en esta causa que investiga si hubo financiación ilegal, delito electoral y falsedad documental en la contratación de esa sociedad creada días antes de la firma del contrato en un despacho de abogados de Sevilla que no tenía ni empleados ni infraestructura para prestar servicios de consultoría electoral.

En el caso de Del Olmo, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, asumió haber dado la orden de contratar con Neurona basándose en el conocimiento y las «referencias» que tenía de sus trabajos en Latinoamérica. Tuvo un primer contacto con el dueño de la empresa, el mexicano César Hernández Paredes, en 2018 y a partir de aquel café él empezó a enviarle ejemplos de proyectos de comunicación que iban haciendo para partidos y movimientos sociales en países como México o Chile.

Ante el juez, explicó que cuando en febrero de 2019 Pedro Sánchez convocó elecciones, uno de los primeros en llamar para ofrecer asesoría de cara a la campaña fue Hernández, y finalmente su propuesta y lo que ya conocía de Neurona le convenció. Ordenó al tesorero De Frutos que suscribiese con ellos un contrato.

Pero Del Olmo dice que hasta ahí todo su conocimiento de la empresa. Ni sabía ni quería saber, dado que a él lo que le interesaba era la prestación de los servicios que había contratado y no entraba en si los hacían desde una mercantil creada ad hoc en un pueblo de Sevilla o si luego los subarrendaban a terceros.

La fiscal del caso, Lorena Álvarez, llegó a cuestionar la contratación, en tanto que Del Olmo lo que conocía era a Neurona Consulting -la matriz mexicana de César Hernández- y no a Neurona Comunidad -la sociedad constituida días antes en Sevilla-, pero Del Olmo insistió en que no sabía nada del modo en que se ejecutarían los servicios. La burocracia y lo administrativo, dijo, era cosa de De Frutos.

Pero cuando le llegó el turno a él, mostró el mismo desconocimiento . Según explicó a preguntas del juez, la fiscal, su abogado y el de Podemos, no entró en si la mercantil se había constituido dos semanas antes o cuándo. Y eso, que según dijo, rechazó el primer contrato que le pusieron sobre la mesa porque le pareció insuficiente . Consideraba que necesitaba un anexo o adenda documental que pormenorizase los servicios por los que la coalición electoral pagaría 363.000 euros en tres plazos. Eso fue, según declaró, a finales de marzo.

Rechazó firmar aquel contrato y lo devolvió a Neurona. Le volvió a llegar ya en abril, con más concreción y tras pasarlo por gerencia para supervisión, lo firmó a primeros de mayo.

Para entonces, Unidas Podemos ya había realizado hasta tres pagos sin que el responsable de finanzas, que había autorizado las transferencias, rubricase la contratación. El primero, de 75.000 euros, fue fallido, porque Neurona Comunidad acababa de abrir la cuenta en Bankinter y el banco, en prevención de blanqueo, lo devolvió a la coalición, tal y como avanzó ABC.

El segundo y el tercero ya sí llegaron a puerto: dos transferencias de 100.000 euros que coinciden en fechas con los pagos a otros grandes proveedores del partido. De Frutos ha aclarado que autorizó esas transferencias porque le constaba que los servicios se estaban prestando desde el primer día y el contrato era un asunto burocrático. No se preguntó cuándo se constituyó la mercantil ni qué tipo de empresa era. Ni siquiera se fijó en la fecha del contrato: consta febrero pero es de marzo.

Conforme señaló, formaba parte de un chat donde miembros de Neurona y de Podemos compartían materiales de campaña para garantizar que el gasto no se fuese de las manos. Por eso le constaba que había un trabajo.

Del Olmo, de acuerdo a las fuentes consultadas, fue contundente al defender este asunto. Mantenía, según dijo, reuniones diarias con Neurona de estrategia electoral, de las que no hay documental porque tampoco había tiempo para hacer informes. Se cambiaba el paso día a día, en función de lo que proveedores como la consultora de estudios de mercado ABD, que sí pasó el filtro del Tribunal de Cuentas, iban apuntando: nuevos nichos, índices de popularidad… Unos ponían sobre la mesa los resultados demoscópicos y los otros, aportaban ideas de vídeos o estrategias de comunicación al respecto.

Incidió, igual que De Frutos, en que veían además gente trabajar que, suponían, eran de Neurona. Se encontraban en el cuartel general de la campaña, en la sede de la calle Maudes, y manejaban desde big data hasta publicidad. Eso sí, no sabían ni quién ni cómo se pagaba a esas personas.

En este punto, el juez destacó que, hasta ahora, la única actividad acreditada de Neurona Comunidad era la de su administrador , el abogado Elías Castejón: no hay pagos a trabajadores ni gastos imputables a la prestación de sus servicios en las cuentas. Sólo las transferencias a México de las que ambos se desvinculan porque, dicen, no es asunto suyo. La clave para ellos es que el proveedor cumpliera y aseguran que cumplió. Para lo demás, r emiten a su administrador y en todo caso, a los socios de la empresa.

Este viernes también compareció la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, por los sobresueldos que denunció el denunciante inicial, el exabogado José Manuel Calvente. Según dijo, se aplicó un plus de responsabilidad, igual que a De Frutos, porque entendía que ambos representaban al partido, y eso había que pagarlo. Tenía control sobre los sueldos y decidió mejorar el suyo. Podía hacerlo.

Asimismo, media docena de proveedores contratados por Podemos para la reforma de su sede testificaron ante el juez que presentaron presupuestos después de la licitación , en algunos casos contactados por el arquitecto que llevó el proyecto, y que en líneas generales sus costes finales se ajustaron a lo previsto.

En línea con lo que explicó la semana pasada el arquitecto a cargo de la obra, el proyecto rondaba los 600.000 euros porque se basó en las tablas de precios mínimos del Ayuntamiento de Madrid, pero el presupuesto que presentó al partido después de adjudicado el contrato se aproximaba más a la realidad: 1,3 millones de euros de los que, finalmente, Podemos acabó pagando 1,4 millones.

La Fiscalía no ve delito, pero Vox, que ejerce acusación popular, va a pedir más diligencias porque entiende que las testificales han incurrido en «contradicciones» respecto de la declaración sobre las obras de la cúpula del partido, que defiende su legalidad. El juez sigue investigando.