El juez concluye que Iglesias no fue víctima de Villarejo y pudo cometer hasta dos delitos

Esta línea de investigación se abrió en marzo del año pasado, después de que entre los archivos del comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo , apareciese un volcado del móvil sustraído en 2015 a Dina Bousselham en una tienda. Ella, que había denunciado el robo, fue llamada a la Audiencia Nacional como perjudicada, igual que Pablo Iglesias, aunque en su caso obedecía a que unos pantallazos de conversaciones privadas que podían haber salido del teléfono robado se publicaron en un digital.

Un año después «se ha podido acreditar que la propia Dina Bousselham -que había negado la mayor y luego acabó claudicando- efectuó y envió desde su propio teléfono móvil y en posesión del mismo capturas de pantalla como las que se publicaron en esas fechas» , según concluyen los investigadores. Se desactiva así la tesis de la «cloaca» con la que Iglesias hizo campaña electoral aquella primavera tras pasar como víctima de Villarejo ante el juez, pues «aunque no pueda descartarse en absoluto» la participación del comisario, el digital pudo recabar los pantallazos «de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta o de su copia o de quien las hubiese recibido de Bousselham». «Esto incluiría también al propio Pablo Iglesias», dice el juez.

En consecuencia, el instructor ha retirado al vicepresidente la condición de perjudicado que venía ostentando en este asunto, pero no sólo por esa ausencia de conexión directa entre el robo del móvil, Villarejo y la publicación, sino por la propia conducta de Iglesias evidenciada durante la investigación.

En primer lugar, la causa ha puesto de manifiesto que Iglesias recibió una tarjeta de memoria SD con el contenido del teléfono de Dina Bousselham en enero de 2016, cuando ya sabía que a ella le habían robado el móvil. Se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, después de dejarle un dispositivo para que consultase su contenido , como ambos ratificaron ante el juez. Este detalle es relevante porque indica que al menos en aquel momento, la tarjeta funcionaba. Según le trasladó, había llegado de forma anónima a la revista «Interviú» y no iba a publicarse. Iglesias oculto el hallazgo a Bousselham «durante un periodo que podría oscilar entre 5 y 39 meses» pues finalmente se la devolvió, pero «hay dudas razonables sobre el cuándo se materializa la entrega», y a sabiendas de que almacenaba contenido «reservado, sensible y además íntimo» . Durante ese tiempo, en el mes de julio, se publicaron los pantallazos, pero Iglesias siguió sin decir nada a las autoridades. Ella, al hilo de la publicación, pidió que se reabriera la investigación por el robo de su móvil implicando al diario digital, aunque el caso fue archivado finalmente por la Audiencia Provincial de Madrid por no encontrar conexión entre ambos hechos. El auto llama la atención sobre este asunto porque ella «negó haber denunciado estos hechos pero Pablo Iglesias sí lo recordaba».

En línea con la tesis que planteaba el pasado 22 de mayo la Fiscalía Anticorrupción, que Iglesias se quedase con información privada de Bousselham podría suponer un delito de revelación de secretos del 197.1 y 2 del Código Penal. Se trata de un ilícito semiprivado que sólo se puede perseguir si la víctima lo denuncia y que se queda en nada si ella decide perdonarlo.

La salida que planteaba Anticorrupción era citar a la exasesora y preguntarle si quería expresar su perdón, pero el juez considera que es «innecesario», prematuro y, además, «podría colocar a Bousselham en una delicada situación, toda vez el evidente conflicto de intereses» que hay, dado que comparte abogada con Iglesias y él lidera el partido a cuyo abrigo ha nacido el medio de comunicación que ella dirige . «La determinación expresa de las personas contra las que en este momento se pretende el ejercicio de la acción penal se reputa innecesario, salvo que en realidad el Ministerio Fiscal pretenda una manifestación expresa respecto de alguna persona en particular», contesta a los fiscales. Añade, además, que aceptar la petición supondría dar por sentado hechos aún «controvertidos».

«Existen dudas más que razonables sobre la infracción cuya comisión se presume», dice el auto. Esta postura enlaza con el segundo delito en el que podría haber incurrido Iglesias y tiene que ver con que la tarjeta que devolvió a su asesora estaba, según las periciales, «parcialmente quemada» . Bousselham sostiene que la recibió así, pero su testimonio, dada la cantidad de contradicciones, no goza de mucha credibilidad . Sin ir más lejos, intentó acreditar que le llegó rota aportando unos correos con un servicio técnico y un sobre con matasellos de Alemania que probarían sus intentos de repararla, pero «no concuerdan con ninguno de los datos aportados por ella en su última declaración», ni en fechas ni en contenido.

«Las declaraciones de quien entregó y quien recibió la tarjeta no han permitido esclarecer quién causó los daños materiales», dice el juez, que ordena a la Policía profundizar en el recorrido de la tarjeta desde el robo y analizar el sobre con el que, supuestamente, ella la envió a Berlín.

Cabe recordar que en el delito de destrucción de efectos informáticos no tiene por qué ser necesaria denuncia de parte, aunque esta debe sentirse perjudicada. El ejemplo más célebre está en los discos duros del extesorero del PP, Luis Bárcenas, caso que llegó a juicio aunque ni él ni la Fiscalía acusaban. En todo caso, sería materia de juzgados ordinarios, no de la Audiencia Nacional y requeriría el paso previo de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias, pues está aforado.

Sin adelantar escenarios, quedan incógnitas en este asunto, como qué hizo Villarejo con la copia del móvil y si, como dijo, la «vehiculizó» a sus mandos policiales . Tampoco se ha resuelto si los periodistas de «Interviú» que se la dieron, Alberto Pozas y Luis Rendueles, van a seguir imputados pese a este nuevo giro de guión.