El juez del caso Villarejo complica el trabajo a las partes antes de irse

Respecto a los soportes documentales, es decir, los tomos físicos en papel da noventa días de plazo a las partes para que los consulten en la secretaría del Juzgado y hagan en ese periodo las alegaciones que consideren para proteger «la intimidad de las víctimas y de los terceros no intervinientes» o lo que es lo mismo para expurgar esos datos.

En cuanto a la información digitalizada, ya analizada por Asuntos Internos, podrán consultarla también en el Juzgado «impidiendo en todo momento la realización de copias». Las partes tendrán un índice.

Respecto a esos archivos digitales intervenidos en soportes informáticos también detalla cómo se hará. La información sacada de los teléfonos se podrá consultar en esa misma secretaría durante noventa días, pero ese plazo se prorrogará las veces que sea necesario mientras dure la instrucción; eso sí la consulta se hará a través de terminales con sistema de bloqueo de escritura para que no se hagan copias.

Con el resto del material informático no encriptado se hará lo mismo y en ese caso se bloquearán los puertos de los dispositivos con el mismo fin.

Pero antes de empezar todo ese proceso que requiere numerosos medios técnicos, la Unidad de Asuntos Internos elaborará un informe por si hay archivos o información que afecte a la seguridad del Estado o que esté clasificada. Se excluye de forma expresa la que ya ha sido considerada como posible información clasificada (caso de Kitchen) y toda la que tiene que ver con la pieza Carol, la de Corinna Larsen, que fue archivada.