El juez del caso Villarejo cita de nuevo a la asesora de Pablo Iglesias el 18 de mayo

Según informan a ABC en fuentes jurídicas, Bousselham volverá a la Audiencia Nacional a instancias de Fiscalía Anticorrupción, que en un informe fechado el pasado 29 de abril justificó la necesidad de llamarla de nuevo tras conocer las conclusiones de un análisis forense realizado por la Comisaría General de Policía Científica en relación al contenido del teléfono.

Ese estudio, al que tuvo acceso este diario, analiza 15 imágenes halladas en el archivo «Dina» de Villarejo. Se trata de las capturas de pantalla de conversaciones en grupos de Telegram en las que participa Iglesias junto a otros miembros del partido. Todas las imágenes fueron publicadas en el año 2016 y según las conclusiones de la Científica, estaban de una carpeta «sent» (enviados) compatible con Whatsapp.

Precisamente por la compresión a la que esta aplicación somete a las imágenes para ahorrar espacio, «no se puede extraer mucha información de ellas, más allá de lo que pueda inferirse por su lugar de almacenamiento o nomenclatura de los archivos», según dicen las conclusiones del informe.

Dina Bousselhan figura en el procedimiento como perjudicada, no como investigada. En su primera comparecencia, hace ahora un año, negó haber difundido aquellos contenidos. Iglesias, por su parte, lo puso encima de la mesa como una posibilidad , aunque matizó que no creía que hubiera sido ella.

Villarejo se hizo con el contenido del móvil de Bousselham de manos del director de Interviú Alberto Pozas y el redactor de la extinta revista Luis Rendueles, tal y como los tres afirmaron en sus respectivas declaraciones ante el juez.

Los periodistas explicaron que habían recibido previamente la información en un sobre anónimo que llegó a la redacción y descartaron publicarlo. Según argumentan, se lo dieron al comisario como respuesta a lo que entendían, era el requerimiento verbal de información de un miembro en activo -y respetado y condecorado- de la Policía Nacional. Están investigados por un delito de revelación de secretos y han pedido el archivo de actuaciones.

En paralelo, el presidente de la editora de Interviú, Antonio Asensio, convocó a Pablo Iglesias el 20 de enero de 2016 y le informó de lo que había llegado a la redacción. T al y como ambos explicarían ante el juez, le prestó un dispositivo para que él mismo pudiese visualizar el contenido de la tarjeta de memoria del teléfono que estaba en poder de la revista. Y tras explicarle que ningún medio del grupo Zeta la publicaría, se la entregó.

Lo que ocurrió después aún está por esclarecer. Iglesias acabó devolviendo la tarjeta a su asesora pero varios meses después y ya inservible. Cuando vio que las conversaciones se publicaban en prensa, asumió que no sólo había llegado el contenido del móvil a Interviú, pero no denunció que tenía el volcado en su poder ni lo que había ocurrido. Explicó que Bousselham amplió entonces la denuncia por el robo y se pidieron sin éxito algunas diligencias. En cuanto a él, aquella vez en la Audiencia Nacional fue «la primera» que explicaba el asunto ante un juez.

Respecto a Bousselham, ante el juez negó haber difundido los pantallazos que ahora la Científica ubica en una carpeta de «enviados», si bien no le cabía duda que se habían tomado desde su teléfono. También reconoció que cuando la Policía le tomó una primera declaración o cultó el asunto de la tarjeta de Interviú . No hubo repreguntas cuando explicó que omitió ese detalle porque Iglesias le había dicho que era «confidencial». Sobre la publicación de sus conversaciones, pensó que obedecía a «una campaña de desprestigio».